La diputada del Partido Verde, María de la Barreda Angón, presentó una iniciativa para la inhabilitación perpetua de funcionarios, que tiene como objeto garantizar la protección de las finanzas públicas, la continuidad administrativa y el cumplimiento de los principios de responsabilidad, legalidad, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de la función pública.
Al hablar en tribuna, la legisladora señaló que es una reforma que busca erradicar las prácticas de irresponsabilidad y negligencia que tanto daño han causado al patrimonio público de poblanas y poblanos.
Precisó los hechos ocurridos bajo la administración del expresidente municipal Adán Domínguez, a quien acusó de llevar a cabo una gestión deficiente y alejada de toda ética, que comprometió gravemente las finanzas públicas municipales, afectando directamente la prestación de servicios esenciales en nuestra ciudad.
“El compromiso indebido de recursos destinados a administraciones futuras y la violación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera dejaron a Puebla sumida en un déficit que lastimó profundamente la viabilidad operativa del municipio”.
Dijo que este descontrol financiero, además de vulnerar el marco normativo, afectó la vida cotidiana de miles de ciudadanos al poner en riesgo la prestación de los servicios públicos. "Estas decisiones irresponsables son una afrenta directa al bienestar de las familias poblanas, y como representantes del pueblo, es nuestra obligación ponerles un alto a las acciones irresponsables".
La reforma busca incluir en el Código Penal del Estado de Puebla la inhabilitación perpetua como una sanción penal para aquellos servidores públicos que, actuando con dolo, cometan actos que causan un daño grave a las finanzas públicas.
Precisó que esta sanción está diseñada para aplicarse en casos específicos en los que el servidor público comprometa recursos destinados a administraciones futuras sin la debida autorización, afectando la estabilidad económica del gobierno.
También incluye a quienes, de manera deliberada, omiten cumplir con sus obligaciones legales en la administración de recursos, ocasionando daños significativos al erario público.
Aseguró que esta propuesta no contradice el marco jurídico vigente e indicó que no se contrapone a las disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que establece un máximo de 20 años de inhabilitación como sanción administrativa.
Explicó que mientras que la sanción administrativa busca corregir faltas de carácter regulatorio en el ámbito de la administración pública, la inhabilitación perpetua propuesta es una sanción penal, cuyo propósito es punitivo y disuasorio, aplicable exclusivamente a los casos más graves y dolorosos.
La legisladora se refirió a los datos del ayuntamiento: “El señor Domínguez dejó en caja únicamente 83 millones de pesos. Este monto, sumado a las participaciones federales que se recibieron, apenas alcanzaba para pagar los pasivos que él mismo generó, y ni siquiera era suficiente para seguir manteniendo la operación de la ciudad”
Dijo que esta iniciativa incluye una disposición que busca no solo sancionar, sino también reparar el daño causado. En ella, se establece que la acción penal puede extinguirse si, durante el proceso judicial, el responsable restituye íntegramente el monto del daño causado al erario. Esto garantiza que los recursos mal utilizados sean devueltos a las arcas públicas y se destinen nuevamente al servicio de la ciudadanía. Este enfoque combina justicia retributiva con un mecanismo de reparación, fortaleciendo la protección de los recursos públicos.
