El diputado por Morena, Miguel Trujillo de Ita, propuso una reforma al artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla para que directores, jefes de departamento, cuenten con un título profesional, a fin de mejorar la operación de las administraciones.
En entrevista, señaló que dicho articulo establece las facultades y obligaciones de los Presidentes Municipales, entre estas, nombrar y remover libremente a los directores, jefes de departamento y servidores públicos del ayuntamiento, no obstante, la legislación vigente carece de disposiciones que exijan una formación profesional específica para ciertos puestos clave, lo cual puede limitar la capacidad de los ayuntamientos para responder eficazmente a las necesidades de la población.
Precisó que el Síndico Municipal es la figura encargada de representar jurídicamente al ayuntamiento, así como de velar por la defensa de los intereses municipales en el ámbito legal y administrativo. Por tanto, resulta indispensable que esta figura cuente con un título profesional de Licenciado en Derecho, con el objetivo de garantizar que las funciones de representación y defensa legal se realicen con pleno conocimiento de las normas jurídicas aplicables y de las mejores prácticas en el ámbito jurídico.
Mientras los Directores y Jefes de Departamento de los Ayuntamientos desempeñan un rol fundamental en la implementación de políticas públicas, la administración de recursos y la prestación de servicios esenciales para la ciudadanía. En consecuencia, se requiere que dichos cargos sean ocupados por personas con título universitario acorde a su área de responsabilidad, asegurando así una toma de decisiones técnicamente fundamentada y una gestión pública profesional, lo anterior, siempre y cuando su capacidad económica, acorde a su capacidad recaudatoria, así lo permita.
Sostuvo que la profesionalización de los cargos directivos y de representación jurídica en los Ayuntamientos no solo contribuye a una gestión más eficiente, sino que también fortalece la transparencia, la rendición de cuentas y la capacidad institucional de los municipios para enfrentar los desafíos actuales en materia de desarrollo económico, social y ambiental.
