La diputada local por el Partido Verde Norma Pimentel Méndez presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Agua para establecer, entre otros aspectos, que será obligatorio que los desarrollos habitacionales, comerciales e industriales cuenten con plantas tratadoras de aguas residuales funcionales y registradas ante el Prestador de Servicios Públicos como condición para su conexión a las redes municipales.

Durante la sesión de la Comisión Permanente la legisladora precisó que el documento que fue turnado a comisiones señala que será obligatorio que los desarrollos habitacionales, comerciales e industriales cuenten con plantas tratadoras de aguas residuales funcionales y registradas ante el Prestador de Servicios Públicos como condición para su conexión a las redes municipales.

De acuerdo a la propuesta se reforma el Artículo 80 que termina con las lagunas legales ya que se establece “Los Usuarios del servicio de Agua Potable y aquéllos que cuenten con autorización para extracción de agua, están obligados al Saneamiento de sus Aguas Residuales antes de su descarga a la red de Drenaje, en términos de las Normas Oficiales Mexicanas, lo cual podrán realizar a través de los procesos de tratamiento que resulten necesarios.”

En todos los casos, deberán acreditar ante el Prestador de Servicios Públicos el cumplimiento de normas técnicas, ecológicas y condiciones particulares de descarga fijadas por las autoridades competentes.

De la nuevas condiciones se señala que las plantas de tratamiento de aguas residuales deberán contar con un laboratorio para el control de la calidad física, química y biológica del agua tratada que produzcan, conforme a lo que establecen las Normas Técnicas Ecológicas y Sanitarias aplicables, debiéndose registrar ante el prestador del servicio los resultados e integrarlo al registro estatal que lleve la Comisión.

Asimismo aclara que los municipios son responsables de prestar los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, lo que obliga a contar con infraestructura adecuada para garantizar su correcto funcionamiento.

“Esto incluye la obligación de contar con infraestructura adecuada para el tratamiento y disposición de aguas residuales, lo que resulta fundamental para proteger los recursos hídricos, preservar el medio ambiente y asegurar el bienestar de la población. Estas disposiciones resaltan la importancia de una gestión hídrica eficiente y coordinada entre los distintos niveles de gobierno y la ciudadanía”.

Finalmente indicó que es crucial evitar que Puebla se convierta en un estado con mayores problemas relacionados con el agua, especialmente en términos de abastecimiento y saneamiento. Para ello, la implementación de infraestructuras adecuadas, como las plantas de tratamiento de aguas residuales, es esencial para garantizar no solo la calidad del agua, sino también la protección de los ecosistemas y la salud pública.