La diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), Susana Riestra Piña, propuso crear la figura de observador ciudadano para la revisión de las unidades del transporte público de pasajeros, y que ello ayude a la mejora del servicio, además habrá transparencia en la modernización del mismo.
Explicó que la incorporación de observadores ciudadanos en la revisión de las unidades del transporte público resulta una medida clave para garantizar que este proceso se realice bajo estándares de imparcialidad, legalidad y transparencia.
Dijo que la participación de actores externos e independientes permite supervisar y verificar que las evaluaciones cumplan con las normativas establecidas, además de reducir posibles actos de corrupción o irregularidades que puedan comprometer los resultados del programa.
Sostuvo que esto no solo asegura un transporte público digno y seguro, sino que también refuerza el compromiso gubernamental con la mejora continua del servicio. Además, el involucramiento de la sociedad civil no debe considerarse solo como un complemento, sino como un componente integral en la toma de decisiones públicas. Su presencia en el programa de revisión vehicular en Puebla puede convertirse en un ejemplo de gobernanza participativa, al demostrar que los objetivos de modernización y calidad del transporte público pueden alcanzarse de manera eficiente y legítima.
Explicó que este modelo de colaboración genera beneficios tangibles tanto para los usuarios como para los propios transportistas, estableciendo un precedente positivo para futuras acciones en el ámbito de la movilidad y otros sectores estratégicos.
En este contexto, el compromiso conjunto entre las autoridades, los transportistas y la sociedad civil resulta indispensable para construir un sistema de transporte público digno, eficiente y seguro, que responda a los estándares de calidad y transparencia que exige la ciudadanía.
Precisó que al establecer un enfoque colaborativo e inclusivo en la revisión de las unidades de transporte público, se contribuirá al desarrollo de políticas públicas más legítimas y efectivas, con un impacto positivo en la movilidad y el bienestar de la población.
