El gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier, envió al Congreso del Estado, una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, con lo cual la rectoría de transparencia en la función pública pasa a ser cargo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
En el documento que fue turnado a la Comisión de Gobernación, que se discutirá y aprobará esta misma semana, modifica diversos artículos de la Ley de la Administración Pública.
Ante el cambio en el organigrama del gobierno estatal, se estima pertinente derogar la fracción LXXVII del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, correspondiente a las facultades de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, para pasar a ser facultad propia de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, ya que precisamente, esta última es la encargada de vigilar y verificar el cumplimiento por parte de las y los servidores públicos de los principios y obligaciones que rigen su actuación en la función pública.
En la argumentación se explica que a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, le competen, entre otros asuntos, inspeccionar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, control interno, contraloría social, contratación y pago de personal, contratación de servicios, ejecución de obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales.
Además esta dependencia tiene que vigilar y verificar el cumplimiento por parte de las y los servidores públicos, y en su caso, por las y los particulares, de los principios y obligaciones que rigen su actuación en la función pública, así como las restricciones, impedimentos e incompatibilidades establecidos en los ordenamientos aplicables y formular y conducir en apego y de conformidad con las bases de coordinación que establezca el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.
Los trabajos de la antes Secretaría de la Función Pública, son el coordinar acciones que propicien la integridad y la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de las y los particulares a la información que aquélla genere, con base en los principios de gobierno abierto; así como promover dichas acciones hacia la sociedad.
Se precisa que la reforma busca fortalecer la instancia encargada de promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el derecho de acceso a la Información pública, la transparencia, la protección de datos personales, además de las tareas de Gobierno Abierto como práctica importante para la generación y publicación de información con datos abiertos, dentro de la Administración Pública Estatal.
Otras tareas serán el seleccionar a las y los integrantes de los órganos internos de control, garantizando la paridad de género y oportunidades en el acceso a la función pública, atrayendo a las y los mejores candidatos para ocupar los puestos, a través de lineamientos transparentes, objetivos y equitativos.
Además proponer las políticas en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y gobierno abierto de la Administración Pública Estatal; verificar la integración de las unidades de transparencia y la constitución de los Comités de Transparencia de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; coordinar los respectivos procedimientos de atención y acciones de trámite; dar seguimiento Gobierno del Estado de Puebla a las acciones de los sujetos obligados e informar de todo lo anterior a la instancia correspondiente.
