Arely Reyes Terán aspirante a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que es necesaria la democratización del Poder Judicial y que algunos cargos como el de los ministros dejen de ser por acuerdos políticos; además consideró que México debe contar con una corte que proteja el interés nacional y los grupos poblacionales que históricamente han sido desprotegidos.
En entrevista con Intolerancia Diario, la abogada con 40 años de carrera en el poder judicial, única poblana que llegó a la final en la elección de ministros de la SCJN, rechazó que la elección del 1 de junio esté definida y dijo que su motivación para participar en el proceso es esa experiencia en la impartición de justicia, con una larga trayectoria.
Arely Reyes Terán señaló que fue jueza a los 25 años, trabajó 15 años en la Procuraduría General de la República, fue agente del Ministerio Público de la Federación en todos los niveles, subdelegada de la PGR.
Indicó que fue la primera en obtener una sentencia condenatoria por lavado de dinero, decomisando vehículos de alta gama, casas y departamentos en la colonia del Valle.
Arely Reyes indicó que ha trabajado el tema de procuración e impartición de justicia, además de haber trabajado en el SAT, como administradora desconcentrada jurídica, además de central de lo contencioso en la Ciudad de México, ganado juicios cuantiosos, uno de ellos por 4 mil millones de pesos en contra de una empresa de telecomunicaciones, que sigue sin pagar impuestos.
“Toda esa experiencia que he acumulado, la quiero poner al servicio de una corte, pero una corte distinta a la que se tiene actualmente, una corte que proteja el interés nacional y los grupos poblacionales que históricamente han sido desprotegidos”.
Indicó que en entre los grupos vulnerables están las mujeres, la población empobrecida, las trabajadoras y trabajadores. Además citó el caso de la Ley del ISSSTE que viola sus derechos, sobre todo a maestros y maestras.
Por una justicia social
La magistrada puntualizó que lo que ocurre en el Poder Judicial donde se han tomado malas decisiones, interpretar una jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la cual se adjudicaron los jueces y magistrados la facultad de decidir en todos los casos sobre otorgar o no medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, aún y cuando la constitución establece un catálogo de delitos que son de prisión preventiva obligatoria.
Señaló que a través de esa tesis donde se señala que se debía analizar si reformaba o no la constitución, los jueces se brincaron ese paso, sacaron su jurisprudencia y liberaron a al menos 72 miembros de la delincuencia organizada y en Puebla se tuvo el caso de haber liberado a un secuestrador.
El tema de amparo
En el caso de los amparos, se tienen que hacer ajustes, porque este debe proteger únicamente a quien lo promueve y no hay una colectividad como lo hizo la Corte en el caso de las obras del Tren Maya, que llevaba una cuestión política, consideró.
