El diputado local, Rafael Micalco Méndez solicitó la intervención de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla y al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, para resolver el conflicto laboral que enfrentan 26 trabajadores del ayuntamiento de Tehuacán que fueron despedidos en 2021, sin que hayan recibido alguna liquidación.
Dijo que la petición es que en el ámbito de sus respectivas competencias, resuelvan a la brevedad posible y conforme a derecho, la controversia laboral existente entre Ayuntamiento, y sus trabajadores descritos en el considerando uno del presente punto de acuerdo, restituyendo en su caso, a dichos trabajadores en el goce de sus derechos laborales que refieren han sido violentados
Explicó que durante varios años prestaron sus servicios como trabajadores del Ayuntamiento en diferentes áreas, hasta el 2021, que fueron despedidos injustificadamente a decir de dichos ciudadanos, por lo que acudieron a presentar sus respectivas demandas ante la autoridad laboral competente, sin que a la fecha hayan obtenido resolución alguna.
Advirtió que desafortunadamente, las violaciones de los derechos laborales son muy frecuentes, no solo en el ámbito particular, sino también en el ámbito público, como lo es el caso de los trabajadores mencionados.
Explicó que las violaciones a los derechos de los trabajadores van desde salarios no pagados, horas extras no remuneradas, hasta discriminación laboral y despidos injustificados.
Señaló que cuando se enfrentan a estas injusticias, los trabajadores dependen en gran medida de los tribunales laborales para obtener una solución. Sin embargo, si los tribunales no pueden proporcionar una resolución rápida y eficiente, los trabajadores pueden encontrarse en una situación de desventaja, sin la compensación adecuada y con un acceso limitado a la justicia.
Precisó que los derechos laborales son derechos fundamentales que garantizan condiciones de trabajo justas y seguras, así como un trato equitativo, pero cuando estos derechos son violados, es crucial que los trabajadores tengan la oportunidad de buscar justicia de manera oportuna.
Advirtió que la demora en la resolución de las demandas laborales puede llevar a la perpetuación de la injusticia y socavar la confianza en el sistema legal.
Señaló que las demandas laborales no se limitan a cuestiones financieras; también afectan la vida de los trabajadores.
“Por ejemplo, un trabajador despedido injustamente puede enfrentar dificultades económicas, emocionales y familiares mientras espera una resolución. La prontitud en la resolución de casos laborales puede ayudar a minimizar el impacto negativo en la vida de los trabajadores y sus seres queridos”, dijo el legisladores.
Indicó que cuando los tribunales laborales resuelven rápidamente las demandas, envían un mensaje claro de que las violaciones de los derechos laborales no serán toleradas, y esto puede disuadir a los empleadores de participar en prácticas laborales injustas y fomentar un mayor cumplimiento de la ley laboral. La prontitud en la resolución de demandas laborales es esencial para proteger los derechos de los trabajadores y promover un entorno laboral justo y equitativo.
Los tribunales laborales desempeñan un papel vital en este proceso y deben trabajar en colaboración con otros actores, como los empleadores y los sindicatos, para garantizar que las demandas se resuelvan de manera justa y oportuna. Cuando los trabajadores pueden confiar en que sus derechos laborales serán protegidos de manera efectiva, se fortalece la confianza en el sistema de justicia laboral.