Para evadir la obligación de licitar la construcción y remodelación de las nuevas oficinas de Casa Puebla, el gobierno morenovallista se escuda en que se trata de un caso de seguridad, ya que convocar a una licitación pública implicaría poner en riesgo la integridad del gobernador.
Leyendo con detenimiento las causas de excepción contempladas tanto en la Ley de Obra Pública federal como en la local, no encuentro un solo inciso en donde pueda cuadrarse la determinación de adjudicar una obra de 17.4 millones de pesos para construir y remodelar las oficinas del gobernador.
Seguramente intentarán equiparar esta decisión a los casos específicos en donde por cuestiones de seguridad los gobiernos han adjudicado obras de montos considerables; sin embargo, esos casos de excepción han sido en la construcción Centros de Readaptación Social y en edificios de operación policiaca, lo cual en nada se compara con la modernización de estas lujosas oficinas, que por obvias razones no pueden ser equiparadas a una Cereso o a un CERI.
Aplicando esa lógica, las secretarías de Administración y de Infraestructura podrían evadir la obligación de licitar cualquier construcción relacionada con edificios gubernamentales, con el cuento de que se pone en riesgo a los funcionarios estatales.

Opacidad por sistema
Los excesos y las muestras de opacidad por parte de la nueva administración parecen ir creciendo.
Hace unos días Intolerancia Diario publicó la cerrazón gubernamental en torno a la negativa de entregar la información detallada respecto a los viajes al extranjero del gobernador. Y este día, la nota principal de nuestro rotativo da cuenta de la forma en la que se evade la responsabilidad de entregar información sobre la forma en la que se gastaron 17.4 millones de pesos para la construcción y remodelación de las áreas administrativas de la residencia oficial de Casa Puebla.
La respuesta oficial justifica su evasiva explicando que la información es de carácter reservado, por tratarse de un recinto en donde vive el titular del Poder Ejecutivo y que podría poner en peligro a las personas que ahí residen.
Háganme el favor.
Ahora resulta que el hecho de detallar en qué se gasta el dinero pone en riesgo al gobernador.
Que alguien me explique en qué diablos exponen al señor, si nos informan cuántos metros de construcción tiene la obra, qué tipo de acabados tienen estas áreas, cuánto gastaron en muebles o cuáles son las especificaciones de las pantallas gigantes colocadas en el nuevo búnker morenovallista.
Hay que recordar que estas obras se refieren únicamente a la parte administrativa, la cual era conocido como el anexo de Casa Puebla, misma que se encuentra apartada a a la residencia personal del gobernador, lo cual echa abajo el argumento de poner en riesgo a las personas que ahí viven.
Es un asunto muy sencillo, si prometieron transparencia, ¡que cumplan!

Aquí hay gato encerrado
Por cierto, detrás de este misterio existen otros temas que hacen más que sospechosas algunas acciones del nuevo gobierno.
En primer término, todo indica que además de la remodelación de las oficinas de Casa Puebla, también se realizaron obras importantes en la zona residencial, y que fueron constructoras distintas las que realizaron estas obras.
En esa lógica, crecen las dudas sobre si esos 17.4 millones fueron para la construcción de las oficinas, y si las obras de la residencia implican otro monto económico y otra adjudicación directa.
Por otra parte, tampoco se ha hecho público el gasto de la remodelación del Salón de Protocolos, en el Centro Histórico, en donde se presume se gastaron varios millones de pesos en acabados, muebles de diseñador y hasta se blindaron las oficinas con la colocación de cristales antibalas.
Y de estas tres, ninguna aparece en la relación de obras del nuevo gobierno.
Saque usted sus conclusiones.