El endurecimiento de las penas —de 8 a 12 años de prisión, sin derecho a fianza— para quienes roben petróleo crudo, hidrocarburos o sus derivados, de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), así como la pena hasta de 18 años a funcionarios, extrabajadores de Pemex o miembros de la delincuencia organizada que se van implicados en la felonía, debe de preocupar en Puebla a quienes “cobran protección” a este tipo de mafias, y un servidor se refiere a los miembros de corporaciones policiacas, tanto municipales como estatales e incluso federales.
Y es que en días pasados la Cámara de Diputados Federales aprobó con 319 votos a favor y cuatro abstenciones, el endurecimiento de las penas para quienes incurran en el delito de robo de hidrocarburos en agravio de Pemex, y esta pena también alcanza a quienes venden estos productos aún a sabiendas que son robados, lo mismo para quienes protegen a estas mafias.
Aunque se dice que en el país los principales estados donde se incrementa el robo de hidrocarburos son México-Veracruz y Tamaulipas, en Puebla se han detectado innumerables tomas clandestinas, e incluso en San Martín Texmelucan, el 19 de diciembre del 2010, ocurrió una explosión que dejó un saldo de muertos y destrucción, por una toma clandestina que “se les fue de control” a los ladrones.
Le comentó lo anterior porque en la zona de Cholula, Huejotzingo y San Martín Texmelucan una de estas mafias —identificada como “La Familia de los Cuautle”— se ha enriquecido con el robo de hidrocarburo y paga cuantiosas sumas como “protección” a jefes de cuerpos policíacos.
Una carta enviada a esta columna, en la que se pide todo el sigilo posible porque los que la envían temen por su vida, señalan a José Solís Briones, presunto inspector de la Policía Ministerial del Estado, como quien estaría recibiendo cuotas que van de los 5 a los 50 mil pesos —para repartir— a fin de que les permitan seguir con la felonía federal.
Pero además de este comandante, existen otros miembros de corporaciones policíacas que dan “paso libre” a las pipas que transportan combustible robado, y que permiten que lleguen a destinos como empresas, gasolineras y otros más donde se vende lo robado a Pemex, y en muchos casos los propietarios son gente conocida en Puebla.
A nivel nacional y en los últimos siete meses, Pemex ha perdido un millón 77 mil 900 barriles. Es difícil que nadie sepa dónde son vendidos y a quiénes. Se trata, nada más en estos meses, de una pérdida de 6 mil 500 millones de pesos.
Todo ese dinero se reparte entre quienes roban el producto, los que lo venden, el crimen organizado y hasta las corporaciones policíacas, sin dejar de mencionar a presidentes municipales que se hacen de la “vista gorda” y no denuncian dónde se ubican las bodegas en las que se esconde todo lo robado a Pemex.
Para prueba de que integrantes de la familia Cuautle están metidos en el robo de hidrocarburos se encuentra el siguiente boletín de la PGR
“El agente del Ministerio Público de la Federación consignó ante el juez Octavo de Distrito en el estado, la averiguación previa AP/PGR/PUE/PUE-I/991/2010 contra Miguel Ángel Ortega Meza y Adán Cuautle Tecotl, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo de hidrocarburo agravado.
”De acuerdo con el expediente, agentes de Servicios de Seguridad Física de Pemex, recibieron el reporte de un cambio de presión en el oleoducto de 24 pulgadas de diámetro nominal Nuevo Tepeaca-Venta de Carpio, por lo que al realizar un recorrido por las vías, a la altura del puente vehicular del aeropuerto de Huejotzingo, observaron el resplandor de una luz por los árboles, por lo que se acercaron y sorprendieron a los indiciados en un camión tanque tipo pipa, marca Internacional, con placas de circulación SF-36701, con una capacidad de aproximadamente de 10 a 15 mil litros, así como una moto marca Italika, modelo FT-110 y al revisar el lugar encontraron una manguera de 30 centímetros, conectada a un ducto de 24 pulgadas de diámetro nominal.
“Por lo anterior los imputados, los vehículos y los objetos, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, quien después de haber realizado las diligencias necesarias, lo consignó por el delito referido, dejándolos internos en el Centro de Readaptación Social del estado.”

¿Que ya se aclaró el doble homicidio de la Paz?
En la pasada entrega le comenté de manera oportuna que José Roberto Galindo López, “el testigo de oídas” en el caso de las dos mujeres asesinadas en su casa, en la colonia La Paz, ya había obtenido su libertad tras ser arraigado por 15 días por la Procuraduría General de Justicia (PGJ), como para justificar la “madrina” que le pusieron elementos del Grupo de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), que “investigaban” el doble crimen.
Este hombre fue torturado en una de las oficinas de la Policía Estatal Preventiva (PEP), para que se confesara partícipe de los violentos hechos, pero como no funcionaron sus “métodos científicos” entonces lo obligaron a firmar una declaración donde implica a exconvictos del penal de San Miguel, vecinos del barrio del Tamborcito, como quienes perpetraron el delito.
Su declaración llevó a la PGJ a detener y a arraigar a Miguel Muñoz Ortega, Rodolfo Muñoz Morales y Armando Muñoz Escalona, como sospechosos; sin embargo, resulta que tras la “eliminación de pistas” sólo les queda arraigado Miguel Muñoz Ortega.
Ayer mismo los familiares de este hombre denunciaron que la PGJ pretende “esclarecer” el doble crimen presentando como principal sospechoso a Miguel Muñoz, sin darle oportunidad a que se defienda, incluso señalaron a la agente del Ministerio Público Luz Marina Bautista Parra, de poner obstáculos para que el detenido o arraigado pueda defenderse.
Estará usted de acuerdo amigo lector que es necesario e importante que se aclaren los crímenes contra mujeres en Puebla, sobre todo el de las dos hermanas, víctimas del incremento de la delincuencia en la ciudad.
Pero que se aclaren con la verdad, que la PGJ consigne a los responsables, si ya los tiene, pero que no exista duda jurídica, que no vayan a ser confesiones por tortura, porque entonces ningún poblano estaría tranquilo.