Marcela Morales Ibáñez, procuradora General de la República, devolvió la tranquilidad a los poblanos al asegurar de forma tajante que la delincuencia organizada no se ha filtrado el territorio poblano. Menos mal, un servidor y un nutrido grupo de poblanos pensábamos lo contrario. ¡Qué ilusos somos!
Manuel Antele —exagente de la Policía Judicial de Puebla—, a cargo de la plaza Puebla del crimen organizado; los ejecutados a orillas de carreteras poblanas; los más de 50 secuestros; los detenidos por crimen organizado, entre ellos el Z-18; las caídas en Puebla del Z-20 y del “Grande”; la persecución de los Beltrán Leyva o los asaltos a unidades nodrizas con cargas completas de vehículos último modelo, todo esto es “inventado”. En Puebla no pasa nada.
Las palabras de la titular de la PGR regresaron al reportero a la administración pasada, cuando los ataques a bases policíacas, los secuestros y ejecuciones eran simplemente “hechos aislados”.
Menos mal.


Confrontaciones gratuitas

Meses antes de esta declaración, hecha el mismo día que Marcela Morales recibió el reconocimiento como Abogado Emérito 2011 por sus valiosas aportaciones en materia de justicia, entregado por el Centro Iberoamericano de Abogados, el secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas Fosado y el procurador general de Justicia, Víctor Antonio Carrancá, se enfrascaron en un duelo de declaraciones “casi desapercibidas”.
Mientras que el procurador reconocía la presencia del crimen organizado, nuestro secretario de seguridad decía que “aquí no pasa nada” dejando ver la falta de colaboración entre ambas instituciones de justicia.
En Izúcar de Matamoros fue hallado un “narcolaboratorio” de metanfetaminas, en Tehuacán fue descubierta una casa de seguridad que utilizaba el crimen organizado que opera en Veracruz para ocultar a sus víctimas; en esta misma ciudad se conoció de la operación de cédulas criminales provenientes de Michoacán dedicadas al secuestro, pero qué bueno que no pasa nada.¡Fiu!, otro poco y la piso.


Hoy se decide la suerte de los custodios detenidos

No hay plazo que no se venza ni fiesta que no llegue, pues a partir de las 6:00 horas de hoy lunes se debe conocer la situación legal del director de la cárcel municipal de Cholula, tres mandos medios y cuatro custodios, detenidos por la fuga de once presos de alta peligrosidad, seis de ellos procesados por secuestros y delincuencia organizada.

Sin necesidad que se “crucen apuestas” le puedo decir que la suerte de los custodios estaba echada cuando el secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas Fosado, recibió el “espaldarazo” del inquilino de Casa Puebla.

La sola opinión del gobernador Moreno Valle, en el sentido de que la culpa de la fuga de los presos era directamente del ayuntamiento de San Pedro Cholula, fue suficiente para que se conozca la determinación del Juzgado Segundo de lo Penal.
De hecho, déjeme decirle que el caso de la fuga de los once presos no podrá ser avalado por nadie si las investigaciones no salen de Puebla y las retoma la PGR. De nuevo, conflicto de intereses.

Investigaciones a fondo

Es definitivo, en Puebla existe conflicto de intereses para que se pueda investigar a fondo la fuga de los once presos de alta peligrosidad: primero, porque el mandatario poblano tiene una confianza ciega en su colaborador y, segundo, porque nadie se va a atrever a enfrentarlo para llegar al fondo de un caso que encierra además apatía, negligencia y responsabilidad por omisión. Aquí sí debería de intervenir la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la SIEDO, ya que seis de los evadidos son personajes clave en el crimen organizado y en estos momentos podrían estar organizando una ofensiva contra los poblanos. Y no se trata de alarmar a nadie, nada más hay que recordar la fuga más reciente de maleantes ocurrida en Veracruz, todos los que se evadieron regresaron a las filas delictivas.

Nos vemos cuando nos veamos.