La tarde de ayer recibí una carta firmada por María Cristina Ortiz López, quien pomposamente se ostenta como Enlace de Comunicación de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, y que no es otra cosa que la encargada de prensa de la SSP y la PGJ.
Antes de darle puntual respuesta, me permito transcribir la aclaratoria de manera textual:
“Estimado Enrique Núñez
”Director de Intolerancia Diario:
”Respetuosamente me permito hacerle algunos comentarios sobre imprecisiones y desinformación que se manifiesta en la columna que hoy publica en el apartado ‘Ardelio, el espiado espía, que nos espiará’. Las reformas establecidas en el caso de Puebla se suman a un marco federal y se rigen a favor de acciones de investigación y de impartición de justicia a favor de los ciudadanos, por lo que no responden a intereses particulares o en específico de algún gobierno.
”Debo señalarle además que no es una facultad del Secretario de Seguridad Pública, la de intervenir llamadas telefónicas a pesar de las modificaciones legales, toda vez que la única forma de intervención deriva de un mandamiento judicial con la notificación respectiva de por medio y obedeciendo a investigaciones emanadas de autoridades investigadoras.
”La Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla reitera su compromiso a favor de la prevención y de acciones que permitan un óptimo desarrollo en territorio poblano, en el marco de sus competencias, mismas que no incluyen los temas a los que hizo referencia en la citada columna.
”Agradezco la atención y publicación de la presente.
”Atentamente
”Lic. Ma. Cristina Ortiz López
”Enlace de Comunicación de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.”

Debo reconocer que me conmueve la inocencia de esta joven empleada, quien por obvias razones intenta justificar las acciones de Ardelio Vargas. Sin embargo, le sugiero romper por unos instantes la institucionalidad para entender los verdaderos alcances de la nueva ley que abrirá las puertas al espionaje en contra de cualquier ciudadano.
Si bien es cierto que la nueva legislación obliga a la autoridad a tener una orden judicial para realizar labores de espionaje, también es cierto que con este ordenamiento legal lograron romper un complejo candado.
Me explico.
Una de las complicaciones que enfrentaba cualquier espía gubernamental, era el poder introducir los sofisticados equipos para realizar intercepciones de comunicación.
Las empresas que manejan este tipo de tecnologías requieren de una justificación documental para vender este equipo dentro del marco legal. De lo contrario, debían introducirlos al país de manera clandestina, con todos los riesgos que esto implica.
Así las cosas, con la ley en la mano, ahora podrán adquirir los equipos de manera legal, incluso utilizando recursos públicos, etiquetados para la seguridad pública.
Y una vez en Puebla el equipo de espionaje, ¿quién nos garantiza que únicamente será utilizado cuando exista un mandato de un juez para casos concretos?, ¿bajo la custodia de quién estarán estos aparatos de intercepción telefónica?
Creer ciegamente que toda esta tecnología va a ser utilizada sólo cuando un juez emita una orden expresa, me parece un acto de inocencia total.
Entiendo la postura oficialista de la licenciada María Cristina Ortiz, pero es evidente que aún tiene mucho que aprender de su jefe.
Al parecer, la contrainteligencia llegó a Puebla para quedarse.
Es momento de convivir con los “pájaros en el alambre”.