Ya no se trata de compromisos políticos, tampoco de “cacería de brujas”, pero el procurador Víctor Antonio Carrancá Bourguet, debe abrir una investigación a través de la Fiscalía Anticorrupción, para esclarecer por lo menos dos crímenes violentos ocurridos en los separos de la desaparecida Policía Judicial del Estado (PJE), actualmente Policía Ministerial, que ponen en entredicho toda la actividad de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), durante 6 años.
Debe de investigarse cómo fue creado y quiénes estuvieron al frente del Departamento de Investigaciones Especiales de la Dirección de Investigaciones Especializadas de Delincuencia Organizada (DIEDO), que después se convirtió en Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto (DAGDAI), de donde salieron los elementos Jorge Días Salinas, Edgar Rolando Contreras Chang y José Carlos Quiterio, sentenciados por el juez Primero de lo Penal por delitos de homicidio y secuestro, cometidos cuando estaban activos en la Subdirección Metropolitana de la Judicial del Estado.
Muy aparte de que el empresario Antonio Ramírez Rodríguez, estudia presentar sendas denuncias por abuso de autoridad, omisión, encubrimiento y lo que resulte a la exprocuradora General de Justicia, Blanca Laura Villeda Martínez y a su equipo cerrado de colaboradores, por la muerte de su hermano Ricardo Ramírez Rodríguez, ocurrido el 31 de enero del 2008, el mismo procurador debe ordenar una investigación por separado, que dejaría entrever toda la serie de abusos y excesos que ocurrieron durante la administración de la maestra Villeda y la DIEDO, que utilizaba para ventilar diferencias con quienes no le caían bien.
Se deben desempolvar expedientes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), donde se detallan quejas de casos de tortura, incluso donde una de las víctimas, a un día que se presentara a declarar fue ejecutado de dos disparos de arma de fuego a las puertas de su casa.
Las investigaciones alcanzarían al segundo procurador durante la pasada administración, Rodolfo Igor Archundia Sierra, quien además de que colocó una “cortina de humo” en el caso del asesinato del empresario Ricardo Ramírez, ocultó información sobre la presencia del crimen organizado y de quienes habían sido vinculados y perseguidos y ahora resulta que por lo menos uno ya fue exonerado.
Rodolfo Igor Archundia conserva información de mucho peso de quienes pasaron a ocupar la silla de procurador cuando era primero director de Averiguaciones Previas y después subprocurador.
En sus archivos personales se encuentra la historia real de cómo ocurrió el “levantón” de los dos empresarios poblanos, cómo fue asesinado uno de ellos y cómo el segundo logró escapar de una muerte inminente, además debe saber con exactitud por qué la maestra Blanca Laura Villeda protegió, hasta con su empleo, a un grupo de judiciales que perpetraron un secuestro y homicidio, de los que sólo tres han sido castigados por la justicia, cuando faltan más.

Las sentencias para judiciales homicidas son sumisas
Le comento, que a través de sus abogados, el empresario Antonio Ramírez Rodríguez, quien durante más de 4 años y 4 meses ha luchado porque los asesinos de su hermano sean castigados con todo el peso de la ley, van a inconformarse por la sentencia que el juez Primero de lo Penal dictó contra del exjefe de grupo Días Salinas, el exagente placa 762 Contreras Chang, de 36 años de prisión por el homicidio del empresario Ricardo Ramírez y del exjefe de grupo Carlos Quiterio, de 41 años por secuestro, tras considerarlas muy débiles, considerando que cuando cometieron el delito eran servidores públicos, por lo que la pena debe ser doble.
La ley castiga a los delincuentes cuando cometen delitos, la pena más grande es para los secuestradores de hasta 70 años de prisión, luego la de homicidios que es hasta de 50 años de prisión, sobre todo cuando se considera que hubo premeditación, alevosía y ventaja y le recuerdo que a Ricardo Ramírez lo amarraron de pies y manos y lo torturaron hasta causarle la muerte.
Además, debe considerarse que estos tres malos policías estaban activos cuando cometieron la felonía, además de que eran servidores públicos que fueron contratados y les pagaban por garantizar la seguridad de los poblanos.