Mientras que el gobierno federal comienza a recomponer los entuertos de la Procuraduría General de la República (PGR), en todas sus áreas, principalmente donde se combatió al crimen organizado, abriéndose investigaciones por todos los abusos ocurridos durante la administración del ahora expresidente Felipe Calderón, en Puebla el gobierno ha mantenido las manos en las bolsas, en lo que concierne a investigar el comportamiento en la procuración y administración de justicia de la pasada administración.
Tal pareciera que entre la Procuraduría General de Justicia (PGJ), de Antonio Carrancá Bourget y la de la maestra Blanca Laura Villeda Martínez y el maestro Rodolfo Igor Archundia Sierra, existen “pactos no escritos”, para que no salgan al descubierto la serie de torturas y abusos de la pasada administración, al grado tal que ninguno de los sospechosos del oscurantismo que se vivió en la pasada procuraduría va a ser llamado a investigación.
Y es que resulta que una procuradora como la maestra Villeda, que tuvo que presentar su renuncia en medio de un escándalo social, por el secuestro y muerte del empresario Ricardo Ramírez Rodríguez, no tuviera una sola sanción, ni en la pasada administración ni en la actual.
¿Qué sabría la maestra Villeda de la pasada administración que le permitieron sus excesos y sus berrinches?
O más claro.
¿Qué es lo que sabe la maestra Villeda que en esta administración ostenta un cargo de jueza y la tienen lista para la renovación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), pese a que su pasado de torturadora la sigue, con el caso del empresario asesinado?
La maestra Villeda debe pensar que “muerto el perro se acabó la rabia”, con el caso del crimen ocurrido en el ahora derruido edificio de la Procuraduría General de Justicia, pero no es así, el hombre muerto a manos de policías judiciales que se presumía estaban ahí para protegerlo, lo mismo que a todos los poblanos, tiene familiares que no van a descansar hasta que se haga justicia.
La exprocuradora tendría que ser separada de su cargo de juez para acudir ante el Ministerio Público y declarar por qué encubrió a los elementos de la Subdirección Operativa de la desaparecida Judicial del Estado, a grado tal que se valió de su oficina de prensa y de su poder como procuradora y de los mismos recursos del gobierno del estado, para proteger un asesinato con todas las agravantes, lo que también constituye un delito de peculado.
Pero para que esta investigación tenga toda la validez oficial tendría que intervenir la Contraloría del estado, para que la maestra Villeda sea separada de su cargo y de esta forma sus influencias no sirvan para que las investigaciones que se inicien sean totalmente imparciales, además de que tampoco podría intervenir a favor de los tres exagentes sentenciados por homicidio y secuestro y que buscan la protección del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
No sólo la exprocuradora debe ser llamada a cuentas, también están todos sus subordinados, desde el maestro Rodolfo Igor Archundia Sierra, cuando fue subprocurador de justicia, la exdirectora de Averiguaciones Previas Sur, Rocío Montero Serrano, el subdirector de la ex Policía Judicial, José Gabriel Gaspariano Mora, actual chofer en Casa Puebla, además del Ministerio Público, los médicos legistas que encubrieron el crimen y otros más que participaron en forma directa e indirecta.
Todos ellos tienen su historia y aquí se las voy a comentar.

Las rentas
Ocurrió el pasado fin de semana en un “antro” de la ciudad de Puebla, cuando un grupo de hombres armados ingresó al negocio y ordenó que apagaran la música. A los clientes les recomendaron que no se metieran, a los empleados les dijeron quiénes eran y que venían por “lo suyo”, o iba a haber consecuencias.
En cuestión de minutos los desconocidos recibieron una suma de dinero, luego se retiraron y la fiesta continuó.
Nos vemos cuando nos veamos.