La semana pasada el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, junto con integrantes de su gabinete, ofrecieron un desayuno a periodistas por el Día de la Libertad de Expresión.
Y, como siempre, el discurso fue que en Puebla se respeta este derecho.
¿A poco no sabe el gobernador que se han registrado 51 agresiones contra comunicadores?
El primer año del morenovallismo se registraron 27 agresiones, 17 más en lo que va de 2013, y siete agresiones que aún están en estudio.
Entre las agresiones documentadas se encuentran: acoso sexual, secuestro, amenazas de muerte, intimidación, despojo de material periodístico, empujones, lesiones por golpes y hasta citatorios judiciales para comparecer ante un juez.
La mayoría de las agresiones son por parte de policías y funcionarios municipales y estatales, en gran número contra periodistas del interior del estado.
Fue tal el crecimiento de la incidencia que los representantes de la Casa de los Derechos del Periodista (CDP), organismo civil nacional, Rogelio Hernández López y Andrés Solís Álvarez, vinieron a Puebla a entablar pláticas con las autoridades.
Y salieron con muchas promesas, sobre todo enfocadas a la creación de una ley estatal de protección para periodistas.
La diputada Josefina Buxadé Castelán ofreció que el Congreso se pronuncie en contra del fenómeno de agresiones a periodistas y reivindique esta actividad como de importancia mayúscula para la sociedad y la democracia en Puebla.
Asimismo, que haga un exhorto al Ejecutivo del estado para que manifieste públicamente esa posición obligatoria para todos los servidores públicos de la entidad.
También ofreció que el Congreso convoque a un foro especial legislativo (de acuerdo a su reglamento interior) con expertos y periodistas para analizar el proyecto de ley que tienen en comisiones.
Que el Congreso sea copatrocinador de uno o varios talleres de autoprotección a periodistas de Puebla, donde legisladores y los periodistas concurrentes también analicen las leyes y los proyectos relacionados con el ejercicio del periodismo que esté procesando la Cámara de Diputados.
Y que el Congreso y la CDP organicen a un seminario de capacitación para periodistas de la fuente y otros interesados sobre derecho parlamentario y cobertura de prensa del Poder Legislativo.
Pero seguimos esperando.
Eso sí, a la diputada Buxadé se le vio bien feliz en el desayuno con el gobernador enarbolando juntos la bandera de la libertad de expresión.
Y también se le ve seguido en los mítines de Antonio Gali Fayad.
Ojalá se acuerde de su “chamba” cuando acaben las elecciones.
In situ
La nueva estrategia del gobierno estatal es poner in situ la información solicitada mediante la ley de acceso de transparencia del estado.
Por lo tanto, el solicitante debe hace una cita, la cual le ponen lo más alejada posible.
Por ejemplo, se le preguntó a la Secretaría de Finanzas cuántos finiquitos y montos había entregado a los despedidos.
La solicitud se hizo el 6 de mayo, pero respondieron hasta el 21 de mayo poniendo in situ la información.
Lo malo es que se dio cita hasta el viernes 31 de mayo a las 19 horas.
Al llegar a la cita ya ni estaban abiertas las oficinas, así que los policías, tras identificarse, llamaron a la Unidad de Acceso a la Información (UAAI) a cargo de Jocabed López.
En la llamada, por radio y literalmente, dijeron los polis a su conocido estilo: “Está entrando el reportero Jorge Castillo”; claro, sin habernos identificado de este modo.
Posteriormente, se mostró una hoja hecha en computadora. Ni fotos, sólo tomar información a mano. Copiar los datos tardó más de una hora.
El segundo caso fue este martes, luego de que en un trámite tortuoso igual la Secretaría de Salud entregó información.
La cita fue a las 17 horas, tras 11 días hábiles de haber respondido que la información tenía que consultarse “en persona”.
Y también se mostró solamente una hoja digitalizada. Prohibido sacar fotos o copias.
En esta ocasión, de plano la UAAI de la dependencia —a cargo de Adrián Tavares Echegaray— se deslindó y mandó al solicitante directamente a la Dirección de Administración de Personal y Desarrollo Humano.
Es obvio que las dependencias juegan a cansar al solicitante y apuestan al olvido.
Ahora la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) tendrá que revisar la queja mediante recurso de revisión por el cambio de modalidad de entrega arbitrario.
A ver ahora con qué sale el organismo “garante” de la transparencia.
Esperaremos pacientes por la transparencia.
