El pasado jueves 27 de junio de este año, un desplegado publicado en la página 13 del periódico Excélsior, en su sección Nacional, llamó mi atención.
Se trata de una convocatoria de enajenación de bienes e inmuebles publicada por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de Puebla, a través de su Dirección de Administración de Bienes e Inmuebles.
El desplegado anuncia que se ponen a la venta un total de 67 inmuebles propiedad del gobierno del estado, entre los que se encuentran varias casas localizadas en la ciudad de Puebla, algunos locales y bodegas ubicadas en la Central de Abasto, así como módulos sanitarios, algunos predios en municipios como Huaquechula, Tochimilco, Huejotzingo, Cuapiaxtla, Ciudad Serdán, Izúcar de Matamoros y Xicotepec de Juárez.
También, ponen a la venta algunos inmuebles propiedad de organismos descentralizados, como las oficinas localizadas en la 11 Poniente 1318 en el barrio de Santiago, terrenos y casas localizadas en varios puntos de la ciudad. Así como también una bodega localizada en la ciudad de México.
Pero, lo más importante, o la “joya de la corona” de esta serie de bienes inmuebles que pone en venta el gobierno del estado, es una serie de predios que se localizan en la rica zona de la reserva territorial Atlixcayótl.
La riqueza de estos terrenos despierta inmediatamente la codicia, se trata del terreno UDU: SA-19-2, con una extensión de casi dos mil metros cuadrados, localizado en la avenida Andrómeda, colindando con la parte posterior a Puebla TV.
Adicionalmente, se pusieron a la venta otros 14 predios de lo que aún queda de la codiciada reserva territorial, entre los que destaca uno de 12 mil metros cuadrados, el predio SA-31-1-1 ubicado en calle Orión Sur sin número, cerca del CRIT; el resto de los terrenos se ubican en la reserva en municipios como Cuautlancingo y San Andrés Cholula.
Hasta aquí todo parece normal, sólo que varias preguntas me saltan dentro de esta convocatoria.
Si se revisa el documento emitido, éste tiene fecha del 18 de junio de 2013, pero se publica hasta el 27 del mismo mes en la página 13 del periódico Excélsior, es decir, nueve días después de que fuera rubricado por el titular del área, Roberto Juan Moya Clemente. Raro, ¿no?
Por si fuera poco, no aparece en la publicación ningún logo del gobierno del estado de Puebla, como suele hacerse en este tipo de publicaciones. Tal vez se deba a la veda electoral.
Ojalá Roberto Moya Clemente, quien ha dado muestras de ser un brillante administrador, nos pudiera decir cuánto piensa recabar el gobierno del estado por la venta de estos bienes e inmuebles, y que se hicieran públicas las ofertas de los compradores, para que exista total transparencia sobre los recursos que ingresarán y quiénes adquirieron los predios, para evitar cualquier mala interpretación, ya que se trata —en el caso de los terrenos de la reserva territorial— de codiciadas extensiones de tierra en la zona más exclusiva de Puebla.
Llama la atención que algunos empresarios interesados en adquirir predios en la reserva territorial se comunicaron hace tiempo al extinto Fideicomiso para ver si podían adquirir algunos predios y la respuesta era que se habían agotado todos.
¿Para qué quiere el dinero el gobierno del estado y para qué se va a aplicar lo recaudado? Me encantaría que me pudieran dar una respuesta.