Uno de los más grandes temas tabúes en México está a punto de desmitificarse, y es que siempre se ha dicho que el petróleo es de los mexicanos y que a nosotros nos corresponde administrar su riqueza. Nada más falso y más alejado de la realidad y de lo que de manera cotidiana los mexicanos nunca hemos sentido los efectos de decir que el petróleo es nuestro.
Dentro de la serie de mitos que se han escrito del mexicano, está el de sentirnos dueños del petróleo, nada más falso y más absurdo. Los únicos que han sacado beneficios de la riqueza petrolera son el sindicato petrolero y los políticos corruptos que se han llenado la bolsa del hidrocarburo.
La reforma que plantea el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, si bien —como argumentan los panistas— no va al fondo de la situación, abre una puerta para que no sólo sea Pemex quien maneje la riqueza petrolera de este país.
El principal reto del presidente no es sacar adelante la reforma, la cual seguramente cabildeó de manera previa con todas las fuerzas políticas. Seguramente tendrá que venir un intercambio —para no llamarlo “negociación”— con las principales fuerzas políticas de este país.
El principal reto que enfrenta hoy Peña Nieto es que realmente la reforma y el proceso de apertura —para no llamarlo de “privatización”— de Pemex se vea reflejado en un real beneficio para todos los mexicanos, tal como lo prometió el pasado lunes en su discurso.
Si hay generación de empleo, si bajan los precios de las gasolinas, el gas, la luz, entonces no importará en manos de quién quedó el manejo de los recursos naturales de este país, o de eso que llamamos “soberanía” nacional.
Peña Nieto tiene enfrente el reto de demostrar, luego de ocho meses de gobierno, que su estrategia económica y política ha sido la correcta. La reforma electoral, que también se puso sobre la mesa, es la moneda de cambio para mantener vivo el Pacto por México.
Las pasadas elecciones locales que se vivieron en 14 estados del país por sí mismas reflejan la voluntad y la visión del presidente priista de ceder a cambio de sus reformas.
En caso contrario, si la Reforma Energética no se ve reflejada en un corto plazo en beneficio de las clases populares, hoy en el abandono, si la pobreza sigue creciendo como en Puebla, si el desempleo se incrementa, si millones de jóvenes en edad productiva se mantienen sin empleo y sin oportunidades, entonces la política del presidente de la República habrá fracasado rotundamente y así hay que decirlo.
La reforma fue presentada, ya está en manos del Congreso de la Unión, si se da en buenos términos, vigilando por el bien de los mexicanos, sin duda dará buenos frutos, ahí está el verdadero reto del presidente Peña.
 
Sobre el Sistema Nacional Electoral
Ahora que, como parte de las negociaciones para sacar adelante la Reforma Energética, también se tiene dentro de la agenda política el impulsar una nueva reforma electoral, una tema sin duda dentro de los muchos que se abordarán llaman la atención: La creación del Sistema Nacional Electoral para sustituir al IFE y crear un órgano rector de todos los procesos electorales en el país.
En lo personal, veo con agrado la propuesta de crear un órgano central que se haga cargo de organizar todos los procesos electorales en México, sin duda, esto le quitará fuerza a todos los gobernadores que nombran a sus propios institutos electorales y que manejan a su libre albedrío los procesos.
Muchos beneficios se le pueden ver a que sea un órgano libre de presiones locales el que pueda organizar las elecciones, las cuales —hay que recordar— en 2018 serán concurrentes.
Creo que quien mejor explica los pro y los contra de este nuevo Sistema Nacional Electoral es el consejero del IFE, Alfredo Figueroa Fernández, quien escribió un texto para la revista Ventana abierta, el cual recomiendo ampliamente para entender esta nueva propuesta.
A continuación, presento un extracto del texto de Figueroa:
“El problema central reside en que las autoridades de los órganos estatales son elegidas por los congresos de los estados dicho en otros términos son producto de la ausencia de un Poder Legislativo que sea un contrapeso real a los gobernadores y por ello estas autoridades no emergen de una auténtica división de poderes En los estados el Legislativo y el Judicial son en la gran mayoría de los casos una extensión del Poder Ejecutivo. Con la desaparición de estos órganos se busca frenar que los gobernadores los utilicen conforme a sus intereses y que no se cometan los abusos que en la práctica caracterizan a las elecciones en las entidades y que es muy difícil enfrentar.
”Modificaciones al periodo de campañas para reducirlas a menos de 15 días en busca de que quien ya esté posicionado no se enfrente durante un periodo largo y consecuentemente riesgoso a sus contrincantes.
”Criterios legales reglamentarios e instrumentales que imponen un conjunto de límites y dificultades a la conformación de alianzas. Diseño de distritos electorales locales a partir de criterios políticos ad hoc para adversarios en diversos puestos de elección, por no hablar ya de una fiscalización que no permite evaluar a cabalidad los gastos en las distintas campañas.
”Los límites a la autonomía tanto de los órganos electorales como de los de defensa de derechos humanos y otros en algunas entidades pasan incluso por la autorización del secretario de Hacienda o de Finanzas local para la creación de plazas.”
Hasta aquí parte del texto de Figueroa, y de verdad invito a que lo lean.