El segundo delito con mayor incidencia en Puebla es la extorsión telefónica. Según datos proporcionados por el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia en Puebla, Andrea Ambrogi, 80 por ciento de estas llamadas son efectuadas desde las cárceles ubicadas en el Distrito Federal y Estado de México.
Si la información es parte de las investigaciones nacionales, la pregunta es ¿por qué carajo los reos tienen acceso a teléfonos móviles? Según el reglamento (que debería ejercerse en todos y cada uno de los centros penitenciarios), los internos no tienen acceso a vías de comunicación a excepción de solicitar, por enfermedad o proceso legal, la autorización para realizar llamadas. La evidente coacción entre el delincuente y la autoridad no sólo nos deja como unos verdaderos imbéciles, sino como un país que, a pesar de detectar el conflicto de fondo, opta por fingir demencia e ignorancia. Vergonzoso.
La corrupción en México es uno de los principales problemas que aqueja a la sociedad. Todos —hay que reconocerlo— somos en mayor o menor parte responsables y copartícipes de ello. Alguna vez hemos sido o intentado corromper algo o a alguien. Naturaleza humana. Sin embargo, es inaudito que los gobiernos, en todos los niveles, se crucen de brazos ante un panorama tan grave como la extorsión telefónica. Sólo quienes hemos sido directa o indirectamente víctimas de ello sabemos las irreversibles consecuencias de una llamada de amenaza en donde la ignorancia, el nerviosismo o la inseguridad en la que vivimos nos hacen creer que es cierto que tienen a algún familiar en sus manos y que no sólo atenta contra nuestros bolsillos, sino contra nuestra tranquilidad, salud emocional y, por consiguiente, física.
Y todo esto sucede principalmente desde las cárceles. ¡No puede ser!
¿Cuándo intervendrán las autoridades para poner un alto? ¿Qué tiene que pasar para combatir la extorsión? Si las empresas telefónicas ya están obligadas por ley a cancelar los equipos en caso de comprobar la llamada, ¿por qué no hacen nada?
No hay peor ciego que el que no quiere ver. Lo peor es que en México cada 13 segundos una persona intenta ser extorsionada y ninguna autoridad hace absolutamente nada.
