Una carta llegada a esta columna denunció que muchos de los elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) fueron materialmente obligados a participar en la carrera “Beca un niñ@ indígena”, organizado por el Voluntariado de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), lo que generó más descontentos en las filas policíacas; descontentos que siguen encareciendo ‎el ambiente de quienes en realidad se encargan de la vigilancia en todo el estado.
La misiva destaca que Mauricio Alvaredejo Heredia, del Departamento de Recursos Humanos, ordenó que todo el personal de la Policía Estatal Preventiva, que lo conforman unos 6 mil elementos, más unos 600 administrativos, deberían comprar no uno, sino dos lugares de la carrera ocurrida el pasado domingo, que —a decir de un comunicado de la ssPE— acumuló 218 mil pesos en efectivo, bajo advertencia que la “pasaría mal quien no acatará la orden”.
Lo que más molestó fue el cinismo del funcionario cuando se enteró que los uniformados no comprarían el boleto, porque dijeron que no tenían el dinero y el funcionario les dijo no se hicieran “pendejos” y que lo pagarán de la prima vocacional que habían recibido‎, como si ese dinero les perteneciera.
Por cierto, la famosa carrera‎ ocurrió el pasado domingo y, de acuerdo al mismo comunicado, va a servir de apoyo a 218 niños indígenas de tres albergues que se ubican en el interior del estado, algo así como mil pesos por niño, solo que no se ha dicho cuáles son.
La intención de apoyar a estos menores es buena, lo malo es que el dinero lo saquen de policías que ya de por sí no les alcanza, y no se vale. Que don Facundo, el secretario de Seguridad Pública, y sus más cercanos colaboradores, pongan de sus bolsillos un pequeño porcentaje de sus ganancias y habría más dinero, pero, como siempre, “la ayuda para el pobre la debe dar el pobre”. 
 
¿Quién compró restaurante en el DF?
Además de esa “pequeña” queja, la misma carta estaría solicitando a don Facundo, me refiero al secretario, que cheque a su administrativo Mauricio Alvaredejo, para ver qué está haciendo con los dineros del gobierno del estado, porque ya mandó a poner su restaurante… y no es una fondita cualquiera, ya que está ubicada en una zona exclusiva y las empleadas, por supuesto, son egresados de la UAP, de las que el profesor Óscar Verá, de quien dicen es conocido como “lamebotas” de muchas administraciones, se encargó de contratar‎ para su “jefecito” a las universitarias. 
No sería extraño que aparezca otro servidor público desempacado del DF, que solo vinieron a hacer dinero aun a costa de la seguridad de los poblanos.
 
Galanazo y abusivo, el director de la PMP
Por cierto, otro servidor público, este del ayuntamiento de Puebla, fue acusado de “mano larga” y de abusar de sus elementos para quedar bien con su secretaria, de la que los denunciantes dicen es su secretaria.
Paulo César Quiroz Martínez, el nombre del jefe de los policías que utiliza a su escolta para verse bien “chidito” cuando va en su moto, llevando en el asiento trasero a su secre, a quien le demuestra que es muy “malote” abusando de su personal.
Caso concreto que señala la queja enviada a esta columna es el de siete instructores académicos a quienes no sólo degrado, sino que los tiene “a pan y agua” solo porque se le pusieron a la secre, quien, por lógica, al sentirse consentida, ahora se dedica a mandar por los “chescos” a quien se le ocurre y si no obedece termina con los instructores, a quienes les han cargado la mano con el propósito de que renuncien.
 
Que no hay lana para el programa Vecino Vigilante
Vecinos de la calle 32 Norte o Mártires del Trabajo, entre calzada Ignacio Zaragoza y la 4 Norte, del barrio de Xanentla, intentaron reunirse con el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM), tras en incremento a robos a casas habitación, a comercios y transeúntes, además de robo de autopartes, para solicitar garantías para su seguridad. De entrada, no fueron atendidos por el señor secretario, sino por el encargado de Prevención del Delito, que de entrada les dijo que “no hay recursos” para colocarles siquiera un “botón de pánico” ni videocámaras de seguridad o de vigilancia.
Pese a que les dijeron que por esa zona se ubican la Plazuela y el barrio de la Concordia, a todos les dijeron que no, que “no hay dinero”.
‎Los vecinos tuvieron dos reuniones. En la primera, las víctimas de múltiples delitos; la segunda, para presentar a los policías que se hacen cargo de la vigilancia de su zona y para decirles que no hay recursos.
También les dieron apoyo para que armen el programa “Vecino Vigilante”; en otras palabras, los dejaron a su suerte.
¿Cómo quieren que se defiendan?
¿A quién protegen? 
Nos vemos cuando nos vemos.