A diferencia del Congreso local, el debate sobre la polémica #LeyBala se ventiló en redes sociales, medios de comunicación nacionales e internacionales.
Si el gobernador Rafael Moreno Valle aumentó sus bonos con el triunfo de Gustavo Madero, con la #LeyBala perdió parte de la imagen ganada.
En un artículo publicado en el periódico El País, en su edición Latinoamérica, se presentó la discusión de la polémica ley que ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos en México.
En la óptica de los lectores de El País, Puebla es un estado con 61 por ciento de pobres donde se construyen obras suntuosas y ahora se aprueban leyes donde los policías pueden disparar a los manifestantes.
Otras reacciones en la red fueron de corresponsales de la cadena venezolana Telesur, cuya programación se transmite a todo el continente pero posee influencia en el sur del continente. 
A nivel nacional, periodistas como Jenaro Villamil señalaron que el triunfo de Gustavo Madero como dirigente del PAN “empoderó” al gobernador Rafael Moreno Valle y con este propósito se aprobó una iniciativa como la “ley Bala”.
A las críticas de la “ley Bala” poblana se sumaron organizaciones como Artículo 19.
El monero Magú señaló: “La ley Bala de Puebla está cañona porque la impulsa quien pretende ser candidato presidencial en 18”.
También militantes de grupos sociales de todo el país reaccionaron en contra de la iniciativa de ley aprobada el lunes por el Congreso de Puebla.
Una de las críticas que se vertió a la iniciativa es que fue impulsada por un gobernador, Rafael Moreno Valle, con aspiraciones presidenciales.
El Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ, de la Universidad Iberoamericana Puebla, manif¬estó su preocupación ante la aprobación de la “Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado”, ya que, detrás del argumento que ésta esgrime sobre la necesaria intervención de la fuerza pública en pro de la “salvaguarda de la integridad, los derechos y bienes de las personas” o de la dignidad misma, en realidad legitima y legaliza el uso de la violencia para “lograr un equilibrio (aparente) entre las funciones de seguridad pública y la protección de los derechos humanos”. 
Para el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ, de la Universidad Iberoamericana Puebla, es necesario decir que este proceso legislativo, al que por cierto no fueron convocadas las organizaciones de la sociedad civil ni la academia, representa para la sociedad un alto riesgo de criminalización directa e indirecta de toda aquella “persona que represente un riesgo”, a discrecionalidad de la autoridad, que puede derivar en detenciones arbitrarias.
¿Así o más claro?