Una vez más, el morenovallismo fue exhibido como un gobierno que sólo fabrica delitos para perseguir a los opositores a su régimen. 
La madrugada del pasado sábado 18 de octubre, en un operativo de la Policía Ministerial, fueron detenidos cinco pobladores de San Bernardino Chalchihuapan.
Las detenciones se realizaron horas después de que el gobierno estatal citó a los pobladores afectados por el violento desalojo policiaco del 9 de julio de 2014 para ofrecerles disculpas públicas, tal como lo mandató la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el 11 de septiembre.
Ayer, habitantes de San Bernardino Chalchihuapan denunciaron en las oficinas del Cencos, en el Distrito Federal, atropellos de la administración morenovallista en las detenciones efectuadas en contra de pobladores el pasado 18 de octubre, y acusaron que la población vive un clima de temor porque pudiera haber más aprehensiones.
Petra, esposa de uno de los detenidos, denunció que las detenciones se realizaron de manera violenta y la policía destruyó sus propiedades. “No lo sueltan y no lo dejan salir bajo fianza. Eso no es justo porque él no hizo nada. Nosotros somos pobres. Rompieron la puerta con el mazo. Ahí nos escondimos en el cuarto”.
"La policía municipal no presentó ni órdenes de cateo ni de aprehensión cuando entraron a las casas", coincidieron los pobladores en una conferencia de presa, realizada en las instalaciones del Centro Nacional de Comunicación Social AC (Cencos). 
Así de cruel y terrorífico fue el cumplimiento de las recomendaciones de la CNDH por parte del gobierno morenovallista.
Para desgracia del gobierno estatal, una vez más los delitos se desvanecieron por falta de pruebas y elementos para mantener encarcelados a los detenidos.
El sábado fue liberado Raúl Contreras Montes y ayer, tras un largo calvario, Álvaro García Xelhua salió libre. Ambos, previo pago de una fianza.
Más de 12 horas tuvo que esperar García Xelhua para salir del Cereso de Puebla debido a engorrosos trámites burocráticos por personal del Juzgado Tercero de lo Penal y del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel.
Álvaro García trabajó de Policía Municipal en la cabecera Santa Clara Ocoyucan, pero hasta el 9 de julio, día del enfrentamiento, fue dado de baja por defender a sus vecinos.
Y es que sus familiares afirman que estaba dormido el día de la trifulca, en su vivienda, ubicada a unos cien metros de la autopista, por lo que al ver el zafarrancho y saber que su sobrino José Luis Tehuatle fue lesionado.
¿Y la violación de sus derechos humanos? 
Fueron encarcelados sin sustento jurídico, acusados por motín y ataques a las vías de comunicación. Ante falta de pruebas, el Juzgado de Defensa Social les concedió el derecho de caución e impuso multas de 49 y 43 mil pesos, respectivamente.
Los otros tres detenidos —Florentino Tamayo Ponce, Fausto Montiel García y Vicente Juárez Varela— continúan encarcelados.
De acuerdo con el expediente 438/2014, los tres pobladores aún presos enfrentan cargos por privación ilegal de la libertad, homicidio en grado de tentativa, motín y ataques a las vías de comunicación. 
Por la gravedad de las acusaciones, no han podido obtener su libertad condicional. Sin embargo, de acuerdo con los abogados, las personas detenidas saldrán mediante el amparo que interpondrán esta misma semana ante el Poder Judicial de la Federación, debido a que no son las personas que buscaba la policía estatal. 
A estos presos políticos se suman a otros que por falta de pruebas fueron liberados, porque fueron víctimas de la fabricación de delitos del gobierno morenovallista.