La elección del nuevo integrante de la Comisión de Acceso a la Información Pública entrampó a los diputados locales, que muestran su poca capacidad para legislar ante imprevistos legales.
En lugar de tomar el toro por los cuernos prefieren dar largas y, con ello, ganar tiempo, sobre todo para no contradecir las decisiones del Ejecutivo.
Primero culparon a Alexandra Herrera Corona, actual comisionada de la CAIP, de retrasar la convocatoria por presentar su solicitud para reelegirse y seguir en el cargo.
Según el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, la semana pasada los coordinadores de los partidos emitieron la convocatoria de acuerdo a lo que establece la ley.
Sin embargo, ésta no fue publicada toda vez que Herrera Corona presentó su solicitud para seguir en el cargo.
Y a pesar de que el 25 de junio Alexandra Herrera Corona rindió protesta para ocupar la posición a la que renunció Blanca Lilia Ibarra Cadena y sabían perfectamente que en noviembre concluiría el periodo por la que fue electa Ibarra Cadena.
Queda claro que los diputados no analizaron esa posibilidad. Sobre todo porque Herrera Corona era la más indicada para continuar en el cargo.
Se les pasó ese pequeño detalle y el tiempo se los comió.
Para librarse de ese error de cálculo, argumentaron que Alexandra Herrera Corona fue electa con la anterior Ley de Transparencia y que tenían duda sobre si se puede aplicar el concepto de reelección o los nuevos comisionados tienen que regirse de acuerdo a la reforma.
Luego anunciaron que la Junta de Gobierno y Coordinación Política, así como el área jurídica del Congreso, analizaría el caso. Un día después, los legisladores desistieron de ese intento.
Ayer, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, informó que en un lapso de una semana el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Roberto Flores Toledano, entregará el análisis jurídico para resolver la discrepancia legal sobre sí podrá reelegirse o no Alexandra Herrera, actual comisionada de la CAIP.
Simplemente, los legisladores se lavaron las manos y le pasaron la bolita al titular del Tribunal Superior de Justicia.
Los diputados locales juran y perjuran que él está capacitado para resolver este tipo de inconsistencias legales. "Hemos suscitado la opinión del magistrado presidente del Tribunal sobre el tema, pues la intención en actuar con base a derecho, sobre todo porque hay dos normativas que podrían aplicarse, como lo apela la interesada", se argumentó.
Y presas de miedo, seis de los siete integrantes de la Comisión de Transparencia del Congreso del estado no se presentaron a la sesión convocada para el día de ayer, donde se abordaría el tema legal para la elección del nuevo comisionado de la Comisión de Acceso a la Información Pública.
A la cita sólo acudió el presidente, Marco Antonio Rodríguez Acosta, quien determinó suspender la sesión.
De acuerdo a la página del Congreso, la reunión se realizaría en las salas de comisiones en el edificio central, pero los diputados Sara Chilaca, Miguel Ángel Huepa Pérez, Patricia Leal Islas, Juan Carlos Natale López e Ignacio Mier Bañuelos no acudieron a la cita.
Total, la tarea se las va hacer el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Roberto Flores Toledano.
Esperamos el resolutivo y veremos qué deciden los diputados locales, ya no podrán largas ni pretexto porque los plazos legales se acortan para elegir al nuevo comisionado de la CAIP.