Los diputados locales continúan empeñados en legislar sin chistar, sin discutir, y siempre muestran su disponibilidad por acatar, a carta cabal, las indicaciones del Poder Ejecutivo.
Dos temas de la agenda diaria del Poder Legislativo así lo patentizan: la venta del predio de la unidad deportiva Maravillas y la publicación de la convocatoria para elegir al nuevo comisionado de la CAIP.
En ambos casos, los legisladores optaron por cuidar las formas para sacar adelante las iniciativas del Ejecutivo.
En el tema de la venta del predio propiedad del gobierno del estado a un particular, los diputados morenovallistas y priistas, sin mayor discusión, autorizaron rematar el predio de 21 mil 500 metros cuadrados.
De entrada, a la sesión ordinaria de ayer sólo asistieron 37 de los 41 diputados que integran la LIX Legislatura local. De los que acudieron a sesionar, 34 votaron a favor de la iniciativa del Poder Ejecutivo. Sólo hubo dos votos en contra, de los representantes del Partido Verde Ecologista de México, y una abstención.
Sin hacer uso de la tribuna para defender o cuestionar la iniciativa, los diputados morenovallistas y priistas dieron “luz verde” para que el gobierno del estado oficialice la venta del predio para la construcción del Coliseo.
Legisladores consultados indicaron que a ellos no les corresponde ver lo referente a quién se vende, sino sólo que se cumpla con las condiciones que marca la Ley de Bienes Públicos del Estado de Puebla.
Así de fácil los diputados aprueban rematar propiedades del gobierno del estado. Todo en aras de las obras de relumbrón.
En el caso de la convocatoria para designar al nuevo comisionado de la CAIP, los legisladores dan largas para finalmente aceptar la reelección de Alexandra Corona Herrera.
En la víspera, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información acusó al Congreso de violar la ley, ya que debió publicar la ley, y si Corona Herrera sentía que se afectaban sus derechos, podía proceder a un recurso legal.
Sin embargo, los legisladores no hicieron nada, se lavaron las manos. Recurrieron a una tercera persona, en manos del Poder Judicial, para saber qué hacer.
Y el colmo es que el presidente de la Comisión de Transparencia del Congreso del estado, Marco Antonio Rodríguez Acosta, desconoce qué artículo de la ley o bajo qué argumentos legales detuvieron la publicación de la convocatoria que presuntamente fue emitida el pasado 26 de octubre por la Junta de Gobierno y Coordinación Política.
Y que este viernes se tendría que dar cumplimiento.
Pero no será así.
Porque para los diputados fue más sencillo aplazar el proceso de renovación, porque según ellos existen dos criterios jurídicos, generados por una reforma a la Ley de Transparencia, que en este caso aún no definen si se aplica o no a Alexandra Herrera, quien hace unas semanas llegó a suplir a Blanca Lilia Ibarra Cadena, quien renunció a su cargo, cuando éste concluye hasta el 4 de enero de 2015.
Así que los aspirantes a integrar la CAIP pueden iniciar un proceso legal para invalidar la imposición del grupo en el poder.