En otros tiempos, nadie en su sano juicio osaba dejar de asistir a las reuniones convocadas por el gobierno morenovallista. Hacerlo significaba la muerte política y una persecución sistemática para no volver a realizar tal afrenta.
Hoy, los tiempos cambian y los miedos se acaban. Y cada son más las fuerzas que retan al morenovallismo. Ayer, a la reunión convocada por el gobernador, con la finalidad de alcanzar un acuerdo que garantice la civilidad política y la seguridad durante el proceso electoral del próximo 7 de junio, fue patente el descontento de la izquierda y una parte del panismo, que representa Gustavo Madero.
La izquierda opositora —los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Movimiento Ciudadano—, así como el dirigente estatal del PAN, Rafael Micalco se ausentaron del encuentro partidista.
El coordinador de la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano, José Ángel Pérez García, aclaró que no asistir a la reunión convocada por el poder ejecutivo, no significa una rompimiento con el gobierno, “es positivo que exista “la buena fe” del gobierno del estado para pedir la civilidad en el proceso; sin embargo, no es la autoridad competente para hacerlo.
La postura de Morena fue más contundente.  María Luisa Albores González, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Puebla, consideró que la reuniónconvocada por el gobierno estatal tiene fines mediáticos y demagógicos.
Precisó que Morena determinó no asistir a la reunión por  Rafael Moreno Valle que, “a través de sus diversas acciones, ha mostrado una conducta abiertamente represiva. La ley Bala que cobró la vida del niño José Luis Alberto Tlehuatle, la ley expropiatoria que sanciona los abusos más grandes en contra de los bienes de la ciudadanía, la privatización del agua, los descomunales gastos que el gobernador hace para promover sus aspiraciones presidenciales y los diversos proyectos de muerte cuya defensa a ultranza por parte del gobierno estatal ha dejado la existencia de decenas de presos políticos en la entidad. 
Todo ello descalifica cualquier declaración oficial sobre una supuesta voluntad de diálogo de parte del gobierno de Moreno Valle.
”El compromiso de Morena con los derechos humanos y democráticos nos obliga a rechazar la invitación formal de un gobierno que se caracteriza por una sistemática represión a los movimientos sociales y ciudadanos, actuando en contra de la misma institucionalidad democrática”.
Y fue más allá, “el gobernador controla los tres poderes del estado y cuenta con el servilismo de casi todos los partidos. Además, en las próximas elecciones federales del 7 de junio el gobierno estatal prepara una elección de Estado, volcando el aparato del gobierno para imponer a sus candidatos. Nuestra exigencia es que el gobernador saque las manos del proceso electoral y respete la voluntad popular. Esta demanda es extensiva al gobierno federal”.
Así o más claro.