Un acuerdo "entre lo oscurito" llevó a que "representantes" de burócratas y policías despedidos durante la administración morenovallista o "gobernador Bala" decidieran no realizar la marcha que iban a realizar para protestar por miles de despidos injustificados, por lo que al final se decidieron a enviar un panfleto donde daban otra fecha para la "marcha", que al final será otra manifestación como muchas otras que se pierden en las calles de la ciudad de Puebla.
La marcha, además de llevar la intención de que el Gobierno Federal se enterara cómo se las gasta el gobierno de Puebla para ahorrarse el pago de empleados con más de 20 años de labores, también llevaba en la cartera las denuncias por la persecución que en el estado ‎se ha dado contra líderes políticos y de organizaciones sociales como la 28 de Octubre.
Además de la queja de que el gobierno del estado ha desatendido la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el caso del menor de 13 años de edad asesinado de un disparo de proyectil de gas, a manos de un elemento de la Policía Estatal.
La queja incluye la petición de la renuncia inmediata del Secretario de Seguridad Pública del Estado, Facundo Rosas Rosas, quien habría ordenado el desalojo ‎de los vecinos de San Bernardino Chalchihuapan, donde murió el estudiante de 13 años de edad.
Sin embargo, a la mera hora, todos decidieron recular y dejar la marcha para otro momento, cuando nadie los escuche.

Historias de gangsterismo oficial
Ocurrió en el mes de septiembre pasado, más de 70 elementos de la Policía Ministerial del Estado fueron convocados al auditorio de la Procuraduría General de Justicia.
Los llamados pensaron que se trataría de otra reunión más de trabajo pero no fue así, a todos les dijeron que a partir de ese momento ninguno podría abandonar ese auditorio.
Durante más de 15 días los mantuvieron ocultos, sólo les daban permiso para salir a comer y les daban un horario para hacerlo, quien se negará iba a ser objeto de una sanción, incluso legal.
Uno a uno de estos agentes, entre los que estaban jefes de grupo y comandantes, fueron llamados al área administrativa, les ordenaron que presentaran sus renuncias, donde estaba incluido el renunciar a su antigüedad, además de que la liquidación que les ofrecían era ridícula.
A un agente con más de 20 años de servicio les ofrecían 60 mil pesos de liquidación o la amenaza de "investigarlos" y consignarlos por algún delito.
Le comento que a los agentes los mantuvieron privados de su libertad durante 15 días para que no tuvieran tiempo de buscar un abogado o asesorarse de lo que fue un ataque a sus garantías laborales.
Le comento que en este grupo de despedidos estaba personal cercano al director de la Policía Ministerial y estos tuvieron toda la ayuda posible, es más, aun siguen trabajando.
Los demás uno a uno fue cediendo a las amenazas y firmaron sus renuncias, hubo otros que soportaron los 15 días de encierro y aun siguen en su lucha legal para alcanzar una liquidación onerosa, conforme al trabajo que habían realizado.
Uno de estos agentes comentó al reportero: "Caray, y a todos nos decían vota por Moreno Valle, todo va a cambiar".
La verdad sí cambió, ahora está despedido.
Nos vemos cuando nos veamos.