Amparado en el fuero monárquico que pesa e influye en la toma de decisiones públicas como la de Melquiades Morales, el exgobernador de Puebla, el auditor David Villanueva y yerno de éste decidió desde hace tiempo dejar las finas formas para asumir el papel de golpeador del sistema.
En el blanco de sus petardos contables, los presidentes y expresidentes que se oponen o no simpatizan con el proyecto presidencialista del inquilino de Casa Puebla, tan demeritado en el ámbito del activismo social, más allá de las fronteras del territorio que gobernará hasta enero de 2017. 
A Eduardo Rivera Pérez, el correligionario del mandatario lo invitó cordialmente a tomar sus canicas y ponerlas al servicio del proyecto del patrón, el Señor Feudal. Y acto seguido pidió notas de comprobación hasta del pago de tianguistas en vía pública durante trienio en que fue edil de la capital. Sutil el mensaje.
El hostigamiento en contra del expresidente municipal emanado del PAN traía la mejor calificación de entre prospectos a la candidatura al gobierno del estado es real y esa parece ser la andanada. La información sobre los números es guardada con celo por quienes han tenido acceso a esa muestra demoscópica.
La presión contra el objeto de la diatriba constante de parte de los personeros del morenovallismo sigue esa lógica, descarrilarlo para mantener los cotos de poder construidos a lo largo del sexenio de alternancia política.
No solo se trata del panista. La intimidación y hostigamiento es instrumento de David Villanueva, el auditor en contra de otros sujetos de revisión con cargos públicos.
Ahí está el documento revelado por el periodista Alejandro Mondragón en su columna Al Portador de ayer jueves. 
En los días previos a la elección del domingo siete, presidentes municipales reticentes a subirse al barco del Señor Feudal recibieron lo que podría considerarse como una advertencia, un amago.
“Requiero para que en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a aquel en que haya surtido efecto la notificación del presente oficio, proporcione a este ente fiscalizador a mi cargo, copia certificada de la documentación e información relacionada con el total de sus obligaciones de pago que se encuentren formalmente garantizadas con independencia del origen de los recursos afectados como garantía, vigentes a la entrada en vigor del citado decreto; es decir, al 26 de mayo del 2015 con saldos al 31 de mayo de este 2015.
”En caso de que se actualice el incumplimiento a lo ordenado en el presente por causas imputables a usted, se le apercibe que se hará acreedor a una medida de apremio que va de 100 a 500 días de salario mínimo general, independientemente de las responsabilidades administrativas o de otra naturaleza a la que pudiera incurrir”.
El jefe de la Auditoría Superior del Estado se colocó en la posición de burdo operador de las aspiraciones de quien también debe ser sujeto de escrutinio público. El lado oscuro terminó por dominarlo.