En Puebla,Chalchihuapan es para Rafael Moreno Valle lo mismo que Tlatlaya para Eruviel Ávila en el estado de México: dos locaciones que permitieron al Estado mexicano ejercer sin contrapeso ni rubor alguno los excesos del monopolio de la fuerza, en detrimento de las garantías individuales y la vida misma.
Y como en el mexiquense, en el territorio poblano ya se tiene previstas manifestaciones multitudinarias para conmemorar el primer aniversario de la muerte del niño José Luis Alberto Tlehuatle Tamayo, quien a sus 13 años perdió la vida por el impacto en la cabeza de un proyectil lanzado por la policía estatal a cargo de Facundo Rosas, segundo al mando en la Policía Federal con Genaro García Luna en tiempos del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Un placa en bronce colocada en ese poblado a unos 30 kilómetros de la capital del estado así lo evidencia: En memoria de nuestro niño héroe José Luis Alberto Tlehuatle Tamayo, víctima del represor Rafael Moreno Valle”. 
Sólo que a diferencia del caso mexiquense, en la entidad gobernada por el panista no existe nadie de los responsables materiales o intelectuales de ese homicidio en la cárcel. 
Los autores de la fantasiosa cortada de un cohetón con una trayectoria errática lanzado desde los pobladores que explotó y perforó el cráneo del pequeño muerto, están en sus encargos.
El 9 de julio de 2014 un grupo numeroso de inconformes del pueblo de San Bernardino Chalchihuapan decidió cerrar la autopista Puebla-Morelos a la altura del kilómetro 21 para exigir la devolución del control del Registro Civil, retirado por el Congreso del Estado.
Sin posibilidad de expedir actas de nacimiento, matrimonio o defunción, los habitantes de los pueblos del interior del estado llegaron al extremo de trasladar sus difuntos por horas para poder legalizar las inhumaciones que pronto se convirtieron en entierros sin documentar.
La respuesta a la manifestación hace un año fue el envío de un numero notable grupo de policías antimotines a cuyo mando se colocó el secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas y la subsecretaria de Coordinación y Operación Policial, Ofelia Flores Ramos.
La línea de tiempo de un audio extraído de los radios Matra obtenido por el reportero evidenció desde entonces la falta de ánimo de las autoridades para dialogar con los pobladores de Chalchihuapan previo al violento desalojo que provocó la muerte del niño y un número aún incuantificable de civiles y uniformados lesionados.
“Si quieren dialogar que se vayan a Puebla” dice una funcionaria de seguridad Pública en una parte del dialogo entre los mandos ese día, sabedores que el traslado en medio de esas circunstancias era imposible.   
Salvo el secretario Rosas Rosas, los mandos que aparecen en el testimonio documental como la subsecretaria Ofelia Flores; el director de Operaciones Policiales, Willibaldo Ramón Díaz; y Yair Bibiano Sánchez, coordinador de Despliegue Territorial, fueron cesados.
Luego vino la construcción de una coartada para evadir responsabilidades jurídicas y políticas. Desde la de responsabilizar a los familiares del menor muerto por llevar a un bloqueo a menores de edad, hasta hacer estallar un cohetón en la cabeza de un cerdo ante directivos y concesionarios de medios de comunicación locales dóciles ante el poder público local.