Sin más ánimo de que se investigue la denuncia por trata de personas en contra de la directora de los Ceresos de Puebla, Azucena Jazmín Márquez Rodríguez, presentada por una de las internas del área femenil del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel y ante el hecho de que el procurador General de Justicia, Víctor Antonio Carrancá Bourguet, se ha negado a hacer un pronunciamiento o a informar del caso, desde este espacio me permito formular preguntas que espero tengan respuesta:
¿Qué número de Averiguación Previa abrió la PGJ para investigar el caso de trata de personas con fines de explotación sexual?
¿Ya fueron citados a declarar la directora de los Ceresos y el exdirector del Cereso, Oscar Ramírez Martínez, y el actual director, Rafael Carvajal Paz, así como uno de los supervisores apodado “El Charmin”, Adalberto (a) “el Cuatro o el Grillo”, los jefes de grupo, el comandante Ubaldo, (a) “el Soldado”, el coordinador y el subdirector de Seguridad y Custodia, Víctor Hugo García Rosales y Marco Antonio Galván Ramírez?
¿Habrá acudido un agente del Ministerio Público para que la afectada ratifique su denuncia y aporte los nombres de todas las internas que están siendo obligadas a prostituirse?
¿Solicitará la PGJ que los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado sean separados de sus cargos para que las investigaciones se realicen sin presión política alguna?
¿Ya habrán "rescatado" a las internas que son víctimas del delito de trata de blancas?
O ante el hecho de que en este caso pueda ocurrir que hay un "conflicto de intereses", ¿van a permitir que sea la Procuraduría General de la República la que atraiga la investigación?

Y es que "no tiene la culpa el indio..."

No me deje mentir, no es la primera vez que la PGJ se da a conocer por "ignorar" delitos cuando estos en su mayoría son cometidos por servidores públicos, como el caso de San Bernardino Chalchihualpan, el multimillonario robo a Pemex y muchos otros más.
Y no me diga que la PGJ "está haciendo la tarea" al ejercer acción penal en contra del exdirector de la Policía Estatal Preventiva, Marco Antonio Estrada López, por el caso de la pipa robada en Veracruz.
Y es que la PGJ, a través de la Fiscalía en Atención a Delitos Cometidos por Funcionarios, ya tenía tiempo con esa denuncia y muchas otras más que tienen que ver con personal de la SSP y de la misma Policía Ministerial del Estado, y se les ocurrió "sacarlas a la luz pública".
Usted lo debe saber, quienes realmente detuvieron a Estrada y al exdirector del Goes fueron militares no adscritos a la 25 Zona Militar, sino a un grupo especial, con órdenes tajantes de terminar con el robo en ductos de Pemex en la zona de Puebla.
Así las cosas, estos militares no tenían compromiso alguno con el gobierno de Puebla, como pudo caer Galán Ruiz, el director de la Policía Ministerial, cayó Marco Antonio Estrada y pueden caer más, porque el robo en los ductos de Pemex no ha terminado.
En otras palabras, el gobierno de Puebla, a través de la SSP, de la PME y de la misma PGJ, sigue solapando el robo en ductos de Pemex, ‎y si salió que uno de estos servidores públicos estaba involucrado no fue ninguna autoridad que mantiene vigilancia en un estado.
Por esto mismo es necesario que el señor procurador informe qué se está haciendo con la denuncia por el delito de trata dentro del Cereso.
Porque el procurador presume que Puebla es uno de los principales estados donde se persigue la trata.
Porque tiene el deber de "rescatar" a internas que son obligadas a prostituirse.
Porque si no lo hace debe intervenir de inmediato la Procuraduría General de la República.
Porque se trata de un delito federal.

Por cierto, ¿quién es el Gasparín?

Para demostrarle al lector que a las autoridades poblanas poco les interesa combatir el robo a Pemex, déjeme comentarle que ni la PGJ ni la SSP han tenido la idea de buscar y presentar ante el Ministerio Público Federal o del estado al sujeto identificado como "el Gasparín" o "El Gasper", quien sería el jefe del grupo criminal que ordeña ductos de Pemex en Puebla.
Y una gran prueba de esto es que el Estado dejó de perseguir a los ladrones en ductos y dejó la tarea al Ejército y a los municipios.
Además, el robo en ductos no sólo ocurre al oriente de Puebla, faltan zonas como Cholula, Huejotzingo, San Martin Texmelucan, además de Puebla, donde los "chupadores" siguen operando en la impunidad.
¿Qué van a hacer cuando el Ejército tenga que volver a intervenir?