“Yo lo que puedo decir ahorita, donde quiera que esté mi hermano que tenga fuerza y que tenga la esperanza de que pronto lo vamos a encontrar. Y si regresa mi hermano con vida, seré muy feliz, con mi hijo, con mi esposa, toda mi familia. Lo agradeceré a Dios y a todas las personas que nos han apoyado. Aunque si perdió la vida, igual agradecerle a toda la gente. Pero debo ser positivo mientras no haya pruebas. Y aquí debo estar con los padres y luchar, encontrarlos.”
Con estas palabras dolientes que siguen buscando la verdad sobre los trágicos hechos sucedidos el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero; lugar en donde fueron desaparecidos 43 estudiantes normalistas, da inició el conocido “Informe Ayotzinapa”, un documento elaborado por un grupo interdisciplinario de expertos independientes (GIEI), quienes fueron convocados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para trabajar sobre todas las líneas de investigación y dar a conocer sus resultados tanto a los familiares de las víctimas como a las instancias oficiales.
Quiénes hayan ojeado esta investigación que consta de 560 páginas, se podrán percatar que su objetivo simplemente es uno: resguardar por encima de cualquier interés político el respeto hacia los derechos humanos y la lucha en contra de la impunidad.
Los nuevos aportes y datos de sus investigaciones deben de servir al Estado mexicano, para que nunca más vuelva a permitir que se repitan hechos tan graves, como fue la desaparición forzada de los estudiantes de la normal rural. Además de que la PGR debe seguir investigando y tomando en cuenta los resultados de la comisión del (GIEI), para dar con los verdaderos responsables materiales e intelectuales de estos graves acontecimientos que sucedieron.
Más aún cuando estamos a días de cumplirse un año sin tener señales claras y objetivas de lo sucedido en Iguala. Es increíble que las autoridades judiciales y el propio gobierno no puedan a estas alturas esclarecer las desapariciones y demostrar ante la opinión pública lo ocurrido aquel 26 de septiembre.
Sus frases de la “verdad histórica” son fatales, así como las que están acostumbrados a venir repitiendo a cada momento, toda la clase política mexicana, que ante esta coyuntura buscan “rasgarse las vestiduras”; “condenan los hechos”; “se echan grandes rollos” en defensa de los derechos humanos y otros más exigen renuncias y juicios políticos. Cuando todos ellos son también responsables por omisión.
En un país como el nuestro, la sociedad no puede darse el lujo de permitir que de la noche a la mañana puedan ser desaparecidos 43 estudiantes de un solo jalón, eso es inadmisible para un Estado de Derecho. 
Lo mismo sucede con nuestra propia democracia, esta no puede permitirse, que se violenten los derechos humanos y mucho menos que por diferencias de pensamiento exista y se practiquen las desapariciones forzadas por motivos de conciencia. La democracia es el sustento político que protege los derechos y las libertades civiles de todos.
Para los que sostienen que fueron hechos aislados y en nada afectan la vida del país, están equivocados, puesto que una parte del tejido social se ha roto y la violencia política es una mala señal para cualquier sistema político. Porque genera descontento social, incertidumbre, ingobernabilidad regional y confrontación política.
Los gobiernos federal y estatal han abandonado en la marginación y la pobreza a la mayoría de las normales rurales, las han dejado a su suerte y también por su forma de trabajar han condenado a los jóvenes normalistas a su extinción en su formación como maestros.
¿Qué otras alternativas de vida pueden tener cientos de jóvenes rurales o indígenas de estas regiones para poder estudiar? Ninguna. La pobreza de muchas partes  de Guerrero y de otras más los obliga a estudiar en una normal rural, para graduarse pronto como maestro y así poder trabajar y obtener una paga para mantener a sus familias.
Lo que sucedió en Iguala con los muchachos de la normal, Isidro Burgos de Ayotzinapa, tiene muchas vertientes sociales, políticas y económicas, pensar solo en una, como lo ven desde el gobierno es un gran error. Ellos no previeron que estos trágicos hechos algún día pudieran suceder y hoy la condena nacional e internacional está presente.
Acusarlos de ser grupos extremos, radicales o ultras es la forma más fácil para poder condenarlos y cuestionar sus acciones tanto en Guerrero como en el país, sin embargo las instituciones los orillaron a este actuar social. ¿Qué otra forma de sobrevivir les quedaba? sino la de protestar por lo injusto de sus condiciones de vida y por el derecho a tener una educación.
Que nadie se espante, efectivamente los normalistas de Ayotzinapa, como los demás normalistas de otros estados, tienen años de organizarse en un flanco de la izquierda no partidaria, son anti sistémicos, pero eso de catalogarlos como grupos pro “guerrilleros” es una mentira. Sus formas de organización y su activismo social, se endurecen por las condiciones que padecen y viven y lo más preocupante por el aislamiento y los ataques que han padecido.
Como poder decirles a los padres de los normalistas que se silencien, que no protesten, que no marchen, que no griten, que no exijan la verdad, que no pidan justicia. Si sus hijos fueron desaparecidos brutalmente y de manera ilegal. Por eso siguen caminando y denunciando en cada foro que alguien les diga que sucedió con sus estudiantes. Por eso los siguen llorando porque no aceptan que no estén ahora con ellos.
De ahí la importancia y valía del informe alterno que el grupo independiente de expertos enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha presentado a la opinión pública, a los padres y a las autoridades. Este es el momento y no puede pasar otro año más sin saber la verdad sobre los hechos ocurridos del 26 de septiembre del 2014.
Estas desapariciones no pueden quedar más dentro de las “verdades históricas” que los regímenes políticos de cada sexenio, anuncian. Tampoco son aceptables los golpes de pecho y las condenas morales de los políticos profesionales.Los ciudadanos no tienen banderas políticas sobre estos hechos, solo piden que las autoridades les digan que sucedió y quienes son los responsables. Los padres de esos 43 normalistas solo exigen que les digan en donde están sus hijos.
El Presidente debe hablar sin ningún prejuicio político con los familiares de los normalistas, ellos solo quieren ser escuchados por quien gobierna al país. Se necesita restablecer la comunicación y el dialogo con la sociedad.
Ayotzinapa es un antes y un después para la vigencia de los derechos humanos en México, significa también el respeto a la vida, un nunca más a las desapariciones forzadas de mujeres y hombres y un alto a la violencia en el país.