En las próximas horas, la delegación Puebla de la Procuraduría General de la República (PGR) ‎dará a conocer los resultados del juicio sumario que inició a través de juzgados federales en contra de Antonio Estrada López, exdirector de la Policía Estatal Preventiva (PEP), además del director del desmantelado grupo de Operaciones Especiales (Goes), Tomás Mendoza Lozano, acusados de brindar protección a una organización criminal dedicada al robo de hidrocarburos.
Y es que este ‎lunes, el Juzgado de Distrito habría terminado de reunir las pruebas aportadas por la PGR para acusar formalmente a los dos detenidos por delitos federales, y la defensa de ambos habría terminado de aportar las pruebas para demostrar la "inocencia" de sus clientes, quienes permanecen en el área de ingreso del Centro de Readaptación Social (Cereso) de San Miguel.
Como se trata de un juicio sumario que se ha ventilado en los tribunales federales, no tuvo una duración de más de un año y en estos días se conocería no sólo el fallo contra los dos detenidos, sino el resultado de todas las investigaciones que se realizaron y que fueron "a puerta cerrada".
Entre estas investigaciones estaría la declaración de más mandos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado (SSPE), de los que aún permanecen y los que fueron despedidos, para que se conociera qué alcances tuvo la protección al robo en ductos en territorio poblano, principalmente en los municipios de Palmar de Bravo, Acajete, Quecholac, Acatzingo y Tepeaca, este último donde fueron detenidos Estrada y Mendoza Lozano, el pasado 15 de julio.
También, se conocería si de ese 15 de julio, cuando se desencadenó una red de corrupción que alcanzó al ahora exsecretario de la SSPE, Facundo Rosas, hasta este día, cuando servidores públicos han sido llamados a declarar cuántos de estos fueron detenidos y a cuántos ya les libraron la respectiva orden de aprehensión.

Pingüe colaboración de la PGJ

Y mientras han durado estas investigaciones federales, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado, que levantó la mano, desempolvando una investigación contra la PEP por robo de vehículo y consignó el expediente al Juzgado de Tepeaca, se ha mantenido en total silencio.
Como ha ocurrido desde el inicio de esta administración de gobierno, no se ha informado de ninguna investigación de la dependencia a cargo de Víctor Antonio Carrancá Bourguet en contra de servidores públicos implicados en el robo de hidrocarburos, que en lo que va de este trimestre se ha descubierto 373 tomas clandestinas, que colocan a Puebla en el tercer lugar al robo de hidrocarburos, siendo el primero Tamaulipas, con 407, y Guanajuato, con 379.

Dos ministeriales muertos en la guerra de cuachicoleros

En esta desigual guerra que un pequeño porcentaje policíaco ha librado contra toda una organización de robo a ductos de Pemex, se dio incluso la ejecución de dos elementos de la Policía Ministerial del Estado (PME).
Los dos elementos habrían ubicado un punto de robo en ductos, fueron asesinados porque llegaron sin ningún respaldo, armados sólo con un rifle R-15 y una escuadra Beretta, y que fueron ejecutados con disparos de arma de fuego en la cabeza.
De este caso aun se investiga si estos agentes habrían ido a extorsionar a los "cuachicoleros" o fueron asesinados porque —como en las películas— habrían querido detener ellos solos a toda la banda.

¿Y la Ministerial?

Quienes no han sido investigados por la protección a bandas de robo de hidrocarburos son mandos de la Policía Ministerial del Estado (PME), quienes, desde las comandancia que se localizan en municipios como Tehuacán, Tecamachalco, Tepeaca, Serdán, Cholula, Huejotzingo y San Marín Texmelucan, han sido señalados por hacer caso omiso de la presencia de ladrones en ductos, se hacen los desentendido cuando ubica vehículos que transportan hidrocarburos y de hecho no han hecho un sólo operativo de prevención.
Estos comandantes que estarían recibiendo una "rentita" de 100 mil pesos, por comandancia, estarían cumpliendo con una orden de su director, la de no molestar ni meterse con ningún implicado en esa felonia.
De hecho, la Policía Ministerial sería la encargada de la seguridad de los “cuachicoleros”. 
Nos vemos cuando nos veamos.