El 27 de septiembre el autor de esta columna escribió que “en las próximas horas dos entidades gubernamentales deberán fijar una posición formal frente a una petición fundada para desaparecer el Ayuntamiento de Tecamachalco, que preside el panista Inés Saturnino López, tras los escándalos de abuso de poder, corrupción, opacidad y desacato a disposiciones federales”.
En poder de este reportero está la copia del expediente de la Auditoría Superior del Estado que firmó el titular de la Unidad Consultiva, de Atención a Quejas y Acceso de la Información, Gerardo Guzmán Tenorio en el que se convoca el edil panista y sus cómplices a comparecer antes del miércoles de la próxima semana.
De lo que resulte se deberá dar parte a la Auditoría Superior de la Federación y a la Comisión Inspectora del Congreso del Estado. Una llamada a misa, no será precisamente.   
Antes o después el auditor David Villanueva deberá demostrar para qué está en esa posición que de acuerdo con los iniciados, se trata de un pago más a la costosa factura que el gobernador Rafael Moreno Valle tiene con su tutor político y exjefe, Melquiades Morales, suegro del auditor.
Si el rigor y la pulcritud rigen la conducta de este funcionario deberá validar los elementos que fueron citados en el texto aquel y que presentó como pruebas María Ruth Zárate Ramírez, única regidora que ha mantenido una posición firme ante la avaricia y el descontrol que rige al edil panista.
Los abogados de la regidora han establecido un conjunto de acciones encaminadas a documentar las mentiras que el edil usó para poder salirse con la suya en el reparto inescrupuloso del dinero público, el de las cuotas que pide a vendedores informales y otros renglones, al margen de la ley.
En la entrega del 27 de septiembre se dijo que a la Legislatura se le había solicitado la instauración de un Concejo Municipal y a la Auditoria Superior del Estado, tomara nota de los actos y omisiones que afectan la hacienda municipal, estatal y federal.
Zárate Domínguez es la misma regidora que el 10 de septiembre fue humillada por el tesorero, Silas Peralta Morales cuando arrojó 209 mil pesos en billetes de baja denominación como pago a las retenciones arbitrarias de los emolumentos, ordenadas por el presidente municipal.
Se hizo público que la Auditoría Superior de la Federación había inhabilitado a Peralta Morales, como costa en el oficio DGRRFEM-B4105/15 enviado por la Dirección General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios de la Auditoría Superior de la Federación.
Inés Saturnino tendrá que responder además por la invención de un acta de cabildo presuntamente efectuada el 21 de marzo, día que conmemora el natalicio de Benito Juárez García, cuando el cuerpo edilicio se encontraba en el homenaje al Benemérito de las Américas.
David Villanueva deberá asumir que la actuación de este correligionario del gobernador está fuera de toda proporción y norma. Los desplantes prepotentes y de autosuficiencia desde la función pública suelen traer consecuencias legales, decir lo contrario se llama omisión y complicidad.