Cuando el gobierno morenovallista retiró concesiones a los empresarios poblanos propietarios de los verificentros, se argumentó que los equipos que utilizaban no cumplían con las normas técnicas establecidas por la ley ambiental.
La realidad es que existía un interés de parte del Señor de Los Cerros para que las empresas del fracasado boxeador Jorge Kahwagi se apoderaran del servicio de verificación vehicular a manera de un monopolio.
La razón es muy simple, el bulto de los cuadriláteros forma parte del grupo de la maestra Elba Esther, al igual que el mandamás poblano.
Por supuesto, la versión siempre se negó y los verificentros manejados por empresarios poblanos fueron clausurados para dar paso a la imposición de las empresas del amigo de Rafael.
Como todo en esta vida, las falsedades terminan cayendo por su propio peso.
En esta semana, la acción de Profepa en contra de los nuevos verificentros ha puesto al descubierto el gran fraude.
Resulta que los establecimientos con las claves de operación 2105 que se encuentra en Maravillas y 2110 en San Martín, son propiedad de empresas que habían sido clausuradas definitivamente en la Ciudad de México antes de 2014.
La denuncia sobre estas anomalías se hizo a tiempo por parte de los empresarios poblanos, quienes advirtieron estos actos de corrupción en la entrega de las concesiones y presentaron pruebas de que Verificadora Tamaulipas y Verificentro San Joaquín que entraron en la convocatoria, tenían que ser descalificadas por la sanción a que habían sido sujetas.
Hay que recordar que las empresas modelo que presumió el gobierno morenovallista fueron sancionadas por la Profeco al comenzar operaciones, además de que se puso al descubierto la venta de los hologramas.
Así las cosas, mientras cerraron 83 centros de verificación de empresarios poblanos que daban empleo a gente de la región, nuevamente se dio el pastel a los foráneos con las consecuencias que hoy ya conocemos.
El fraude estaba oculto con un velo detenido con alfileres, y ahora se entienden los motivos por los cuales el Señor de los Cerros no quiso entrar al programa del Hoy No Circula y amenazó con salirse de la Megalópolis.
Evidentemente todo este fraude tiene una razón de peso, que no es otro que el nombre de la señora que está detrás de las concesiones.
Carlos Martínez Amador se tiró al piso para demandar que se respete a la gente de Huauchinango y que no les corten la luz.
Lo que no dijo es que detrás de su "buena fe", vive un interés meramente personal.
Resulta que el diputado local perredista vive bajo la amenaza de que el primer corte de energía que haría la Comisión Federal de Electricidad el pasado fin de semana sería en plaza La Palma.
Es un secreto a voces que los locales de esta plaza son suyos y que no ha querido pagar el servicio de energía desde hace largo tiempo.
Así que el preocupado legislador, sí lo está, pero no por su gente, sino por su negocio personal.
Bien dicen que el interés tiene pies.
