Por instrucciones del presidente municipal de Xicotepec de Juárez, Juan Carlos Balderrábano Vázquez, personal de la Policía Municipal evitó que en la zona del Zócalo y del primer cuadro de la ciudad se vendiera el periódico semanario La Voz de la Sierra, editado por Juan Pedro Garrido Juárez, inculpado por la Fiscalía General del Estado (FGE), del homicidio de Aurelio Cabrera Campos.

Y le digo inculpado porque la dependencia del gobierno del estado lo acusó y lo persigue sin tener una prueba legal en su contra.

A los vendedores de este semanario los amenazaron con meterlos a la cárcel si se les ocurría exhibir o vocear el medio de comunicación.

Desde mucho antes de que ocurriera la ejecución del periodista Aurelio Cabrera Campos, de quien la Fiscalía sostiene que antes de morir dio el nombre de su victimario, ya el semanario La Voz de la Sierra era objeto de persecuciones y de vigilancia por parte de la FGE, ‎luego de que a través de ese medio se diera a conocer el contubernio de las bandas que se dedican a cometer robos con la Policía Ministerial del Estado, en este caso del comandante Adolfo Zamudio Guzmán, además de la corrupción que impera en el Ayuntamiento de Xicotepec de Juárez.

La muerte violenta del periodista Aurelio Cabrera Campos le vino como anillo al dedo a la presidencia municipal de Xicotepec y a la FGE.

Sobre todo, porque el director de la Policía Ministerial, ahora Agencia Estatal de Investigación (AEI), se ha hecho cargo de proteger la espalda de quienes les llevan fuertes beneficios económicos a su mesa.

Si éstos vienen del robo de hidrocarburos.

A raíz de la ejecución del compañero periodista, tanto el Ayuntamiento de Xicotepec y la FGE se han dedicado a perseguir, observar e intervenir la vida de los familiares que la misma Fiscalía involucró en un crimen y fue más allá, lo divulgó.

Ahora fue la ‎regidora Yadira Padilla, cinco de sus empleados y elementos de la Policía Municipal los que evitaron la circulación del semanario.

Evelyn Garrido Juárez, columnista de dicha impresión, publicó en su espacio Interferencia, sobre la muerte del policía Epifanio Ojeda Macin, quien falleció prensado entre dos vehículos, y dejó ver que la Policía Municipal no le envió ningún tipo de apoyo, pese a que estaban enterados que desde la calle 17 de Junio Norte se había subido a un estribo de un camión para bajar al conductor y que este escapó llevándoselo en el estribo, para luego impactarlo contra otro camión.

Esta crítica pudo haber motivado que el Ayuntamiento, por sus puras polainas, haya ordenado que se evitara la venta del semanario.

Otro motivo que pudo haber provocado que en Xicotepec de Juárez se violentara la libertad de prensa es que el mismo Ayuntamiento y otros poderes que lo mueven, que puede ser la misma delincuencia organizada o la FGE, intenten quebrar al semanario que tiene 18 años de quehacer informativo.

Una cosa u otra, pero en el estado de Puebla el poder político ¿municipal?, está coartando la libertad de expresión al impedir que circule un medio informativo.

Ya nada más les falta clausurarlo

Y en Puebla ya se puede de todo.

Nos vemos cuando nos veamos.