Datos aportados por Oxfam México señalan que en el año 2015 tan solo 62 personas en el mundo poseían la misma riqueza que más de la mitad más pobre de la población mundial, es decir, unos 3 mil 600 millones de personas; y destaca que un lustro antes, en 2010, esta cifra era de 388 personas. Por su parte, Credit Suisse, citado por la misma fuente, ha revelado que el 1 por ciento de la población mundial acumula más riqueza que el 99 por ciento restante.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),  México se encuentra en segundo lugar, al lado de Chile y Estados Unidos, entre los países con mayor desigualdad entre sus 34 miembros, la cual se mide por la diferencia de ingresos entre el segmento poblacional más rico y el más pobre.

Asimismo, Forbes Staff señala que los niveles de actividad criminal y de homicidios en nuestro país se asocian de manera significativa con bajos niveles de educación y con altas tasas de desempleo juvenil, y se refleja más en las zonas urbanas donde la concentración de jóvenes con pocas oportunidades de estudiar o trabajar, provocan mayores niveles de violencia y criminalidad.

En el plano educativo, la desigualdad se observa, de acuerdo con la misma fuente, en  el hecho de que mientras los pagos de colegiaturas y transportación en las escuelas privadas son deducibles de impuestos, el 48 por ciento de las escuelas públicas carecen de acceso a drenaje, 31 por ciento de agua potable, 12.8 por ciento no tienen baños y 11.2 por ciento no cuentan con acceso a energía eléctrica. Además, en el 61.2 por ciento de éstas, los alumnos no poseen un equipo de cómputo que sirva y 80 por ciento de los estudiantes no tienen internet.

México es la economía número 14 en el mundo. Sin embargo, 45 millones de mexicanos viven en pobreza lo que genera un círculo vicioso de desigualdad, bajo crecimiento, baja productividad en muchos sectores y, desde luego, pobreza recurrente. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) indica con datos de 2012 que el 1 por ciento de las personas más ricas de México obtienen el 17 por ciento del ingreso nacional, el 10 por ciento más rico el 50.2 por ciento, mientras que el 50 por ciento de la población más pobre sólo accede al 11.8 por ciento.

Diego Castañeda, economista de Forbes México, destaca que vivimos en un país con grandes desigualdades en casi todos los aspectos y para muestra -señala- contamos con regiones tan ricas como en los países más desarrollados del mundo; pero, también existen otras en donde sus condiciones de marginación son semejantes a los rincones más abandonados del continente africano. Como consecuencia de lo anterior, se ha podido observar que las desigualdades económicas causan desigualdades políticas y éstas generan toda clase de desigualdades sociales.

En este mismo sentido, el autor refiere que la discrepancia se manifiesta en las personas sin acceso a educación ni salud, en no tener un empleo o en el hecho de que éste no retribuya un ingreso suficiente para tener una vida digna. Asimismo, la falta de representatividad política y el acceso diferenciado a la justicia, son un par de ejemplos más en donde la desigualdad económica se convierte en social cuando la justicia se vuelve una subasta.

Faltan políticas públicas que fortalezcan la igualdad de oportunidades

La desigualdad y la pobreza tienen su origen en la falta de políticas públicas que fortalezcan la igualdad de oportunidades entre la población. La política educativa muy poco ha hecho por atender el rezago del rubro de las personas que no saben leer, ni escribir y que no han obtenido al menos la secundaria.

Necesitamos una política educativa que le dé más importancia a la orientación vocacional con base en los talentos, a la educación técnica, financiera, alimentaria, ambiental,  a la capacitación continua, que fortalezca los valores humanos e impulse la formación de líderes que puedan atender las necesidades de familias, comunidades, regiones y sus respectivos sectores productivos, los reales, los que allí predominan.

Una política de gasto público que se sustente en una planeación real con base en las necesidades prioritarias de la población, que se elimine la inútil competencia de ver quién promueve, autoriza, obtiene y ejecuta los mayores presupuestos, sin importar las estrategias de cómo se va a gastar y en qué se va a aplicar.  También, que fortalezca los presupuestos para emprendedores y el fomento productivo que en el mediano plazo reduzca el asistencialismo que en varios casos, provoca  efectos regresivos en el desarrollo de la gente.

Una política ambiental que detenga el preocupante deterioro ambiental y fomente la recuperación de los recursos naturales perdidos: agua, suelo, vegetación, fauna. Que elimine la idea de las nuevas generaciones sobre las características y función de los ríos, que hoy son receptores de aguas residuales y basura.

Como dice David Noel Ramírez Padilla, rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en su libro Hipoteca social, necesitamos tomar conciencia que todos vamos en el mismo barco y no podemos encerrarnos en el camarote sin atender el avance del barco. Porque si se hunde, nos hundimos todos. 

Director del Centro Internacional de Seguridad Alimentaria.

Tw: @jimenezmerino

Fb: Alberto Jimenez Merino

Instargram: ajimenezmerino