Guadalupe del Carmen Gómez, quien por lo menos hasta el 15 de abril de 2016 fungía como registradora del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, se encuentra en serios problemas.

Firmó un certificado de "Libertad de Gravamen" de un terreno que se ubica en la Hacienda de Concepción del municipio de San Salvador El Seco, para que pudiera ser vendido y resulta que esta propiedad no solo tiene tres hipotecas pendientes, sino además un embargo, ‎lo que indicaría que se prestó, con todo y su firma, para que fuera perpetrado un fraude o estafa por 4.5 millones de pesos.

La servidora pública que ahora despacha desde el distrito de Izúcar de Matamoros, estaría ya siendo investigada por la Fiscalía General del Estado.

Resulta que un hombre identificado como Abraham Monterrosas Jiménez, en agosto de 2016, compró de buena fe un terreno que se ubica en el municipio de El Seco en diversos pagos hasta completar la suma de 4.5 millones de pesos.

La compra se realizó luego de que quien era propietario de este terreno le mostró un documento con la presentación del Instituto Catastral del Estado de Puebla, donde quedaba "claro" que ese terreno no tenía problema legal alguno.

En otras palabras, que no tenía una sola deuda.

Resulta que durante los primeros días de diciembre el propietario de este terreno decidió acudir a una notaría para que los documentos quedaran inscritos en el Registro Público de la Propiedad.

Pero resulta que el notario no podía realizar esa diligencia debido a que esa propiedad tenía tres hipotecas pendientes, además de un embargo ‎mercantil.

En otras palabras, lo timaron.

El dueño anterior de la propiedad jura y perjura que ese documento le fue entregado por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla.

Además de que no reconoce ni las tres hipotecas ni el embargo.

Coincidentemente, la registradora que firmó ese documento ya fue cambiada a Izúcar de Matamoros.

Ya no está a la mano para que le aclare al señor Abraham Monterrosas por qué firmó un documento fraudulento.

No se descarta que la servidora pública haya sido víctima de una falsificación de firma y que el documento también haya sido alterado.

Conocedores en este tipo de trámites de propiedades señalan ‎que es muy difícil que estos documentos puedan ser extraídos de sus oficinas si no existe un trámite legal.

Que los certificados de este tipo los custodia y entrega la Dirección General del Gobierno del Estado, previo pago del mismo a la Secretaría de Finanzas.

Es decir, los interesados ya no tienen acceso a uno de estos documentos en blanco.

Sobre todo con la firma de la registradora Guadalupe del Carmen Gómez.

Los también conocedores de estos trámites saben que un abogado les cobra, para ayudarlos a obtener estos documentos, unos 50 mil pesos.

Pero ignoran cuánto sale falsificando un documento.

Alguien debe una explicación.

Nos vemos cuando nos veamos.