Vecina de una junta auxiliar de Quecholac ha reportado en varias ocasiones que cerca de su población, por la noche, se han escuchado múltiples disparos de arma de fuego.
Ha oído incluso los gritos de quienes se están enfrentando y ninguna corporación de policía ha llegado a checar los reportes.
Al siguiente día de las detonaciones, los vecinos solo encuentran rastros de sangre y las huellas de las rodadas de llantas de múltiples vehículos.
No es difícil que los vecinos puedan adivinar que quienes se enfrentan se llevan a sus muertos y heridos y que a ninguna autoridad le importa lo que hagan.
"Que se maten entre ellos", la principal idea.
La Fiscalía General del Estado (FGE), la encargada de investigar los delitos que se registran en Puebla, no puede y no tiene una lista detallada de las víctimas de la guerra entre mafias que se dedican al robo de hidrocarburos.
Y no puede porque además del levantamiento de cadáveres que han realizado de hombres, mujeres y niños, ejecutados y hasta calcinados, existen otros más de personas que no han sido identificadas, además de los desaparecidos.
Otro hecho que nulifica a esta institución el conocer en forma detallada de esta confrontación criminal, es que las mismas bandas se llevan a sus víctimas, en silencio velan sus cuerpos y los sepultan en fosas clandestinas.
Como ha venido ocurriendo en Palmarito Tochapan y en otras zonas del Triángulo Rojo, se recrudece la disputa por el robo de hidrocarburos.
Pemex, negligencia o contubernio
Pemex en cualquier momento podría ser acusada de incumplimiento de un deber legal.
Y es que a los apoderados legales de la paraestatal poco les importa presentar denuncias o hacer el seguimiento de las mismas en contra de quienes han sido detenidos robando hidrocarburos.
Por esta misma razón, los 8 elementos de la Policía Municipal de Amozoc, detenidos por presuntamente proteger a ladrones de combustible, fueron puestos en libertad.
Pemex no presentó denuncia alguna en su contra.
La gran mayoría de detenidos en los momentos en que transporta, sustraía o tenía en su poder hidrocarburos robados, solo fue acusada por portar algún arma, si en ese momento la llevaba, o por conducir un vehículo hurtado, pero no por el delito principal.
Pemex no acude a presentar las denuncias y todo tipo de sospechoso solo debe de estar 72 horas en investigación o ser puesto en libertad, antes de que les violen sus derechos.
La despreocupación de Pemex por acusar a ladrones de combustibles formalmente ante el Ministerio Público de la Federación ha provocado que muchos huachicoleros solo permanezcan detenidos uno o dos días y que después obtengan su libertad.
No solo dicen estar apadrinados, sino que además pagan fuertes sumas de dinero para que Pemex no los acuse.
¿Será?
Nos vemos cuando nos veamos.