El Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado (FGE) se están confabulando para encubrir otra más de las negligencias y arbitrariedades en que incurren para “esclarecer” delitos de alto impacto que han ocurrido en el estado.

En esta ocasión estos abusos van a generar un escándalo donde podrían rodar las cabezas de algunos funcionarios de primer nivel, tanto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) como de la Fiscalía General del Estado (FGE).

De entrada, le comento que el juez Cuarto de lo Penal está a punto de ser, ‎primero, multado y después sujeto de investigación por desacatar la disposición del Tribunal Colegiado Penal del Sexto Circuito, que calificaba como ilegales cada una de las pruebas con que la FGE acusó al empresario Jorge Aduna Villavicencio por la desaparición de 6 hombres, ocurrida entre noviembre y diciembre de 2015.

Con estas pruebas, la Fiscalía había logrado iniciar proceso en contra del empresario, sin embargo, resultó que estas no solo fueron ilegales, sino que además incurrieron en delitos de alto impacto, como la privación ilegal de la libertad, tortura y otros más.

Las pruebas falsas con que la FGE sustentó una acusación llevaron a que por unanimidad de votos el Segundo Tribunal Colegiado amparara y protegiera a Jorge Aduna, conminando al Juzgado Cuarto de lo Penal a recular el auto de formal prisión dictado el 26 de febrero de 2016, pero no fue así.

El juez, sin tener más pruebas por parte de la FGE, volvió, por sus polainas, a dictar un auto de formal prisión y se le ocurrió pensar, o por lo menos le hicieron pensar, que no iba a haber repercusión.

¿No?

En Jiutepec, Morelos, dentro de la Carpeta de Investigación SC01/2220/2016, de mayo de 2016, se integra una denuncia por privación ilegal de la libertad, cuyos datos y contenidos se los voy a comentar en otra entrega.

Y así como este caso, existen otros más que demuestran el dolo de la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Investigadora de Secuestros y Delitos de Alto Impacto (FISDAI).

De todas las pruebas con que la Fiscalía acusó y sirvieron para la detención del empresario y de otras personas, resulta que todas fueron desechadas por ilegales.

Luego entonces, no habría por qué mantener detenido al empresario, a menos de que fuera presentada alguna nueva prueba, pero no es así.

Entonces, ¿a qué se debería que no le permitan su salida?

En los próximos días este malhecho caso dará muchas noticias, todas tendrán que ver con la negligencia en investigaciones de una desaparición múltiple aún no aclarada y el ajuste de cuentas, en materia legal, de quienes se están pasando la ley por el arco del triunfo.

Nos vemos cuando nos veamos.