Los gobiernos que ahora se quejan de los vacíos legales que deja el Nuevo Sistema de Justicia Penal y que están a favor de la delincuencia, son los mismos responsables de que estos hayan sido adecuados de esa forma.

Y es que fueron estos gobiernos los que permitieron los abusos y excesos de los cuerpos de seguridad y muchas veces se sirvieron de los mismos.

Usted debe recordar el documental Presunto culpable que detalla cómo nuestro sistema penal hundía a un hombre al acusarlo de un crimen que no había cometido.

En otras palabras, fabricaron un delincuente.

También debe recordar los chalequitos, como se le llamaba al hecho de detener a algún inocente, inventarle un delito o colocar entre sus pertenencias alguna arma o droga, para justificar su acción "legal", lo que también se conoce como cargarlo.

Y los informes policiacos.

“Circulábamos por la dirección cuando vimos a un sujeto en actitud sospechosa, nos identificamos en forma debida y le pedimos permiso para revisarlo, encontrándose entre sus pertenencias un arma de fuego o navaja que nos dijo utilizaba para cometer asaltos u homicidios, por lo que le pedimos que nos acompañara a nuestras oficinas y aceptó”.

De esta forma los policías justificaban una detención sin que hubiera flagrancia, o una orden dictada por un juez o una autoridad competente.

Usted no se imagina cuántas veces la Policía Judicial, después Ministerial y ahora de Investigaciones, utilizó el método de cargar a sus víctimas con armas o drogas para luego ajustar un cohecho y como consecuencia una consignación, mientras un Ministerio Público terminaba de armar una investigación en su contra.

El fiscal, Víctor Antonio Carrancá Bourget, ya debe haber olvidado que abusó en forma notable del famoso arraigo y mantuvo muchos sospechosos privados de su libertad durante más de 40 días en hoteles de mala muerte y en otras ocasiones en casas de seguridad.

Ya no se acuerdan que en el desaparecido edificio de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), ahora Fiscalía General del Estado (FGE), murió un empresario secuestrado por un grupo élite de la corporación, antes agentes antisecuestros, quien fue golpeado hasta ser asesinado porque querían sacarle medio millón de pesos, lo cual le costó el cargo al titular de dicha dependencia.

En la administración de Mariano Piña Olaya, la Policía Judicial, en esos momentos al mando de excomandantes federales, detuvo a un sujeto que se es hizo sospechoso.

Lo golpearon y lo torturaron para arrancarle cualquier confesión, que al ‎final no lograron porque este hombre lo resistió todo.

Al final le colocaron en ambas manos una máquina de escribir de su misma comandancia, le tomaron una foto para un boletín de prensa y lo acusaron de robo.

Ahora se rasgan las vestiduras.

Nos vemos cuando nos veamos.