Cuatro días antes de la elección local de 2013, el ex rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Samuel Malpica fue acribillado en un aparente atraco por el rumbo de San Manuel. La noticia le dio la vuelta al país en lo inmediato y la especulación saltó a escena para enrarecer el clima pre electoral, ya de por si convulso.

Dos años después, para el periodo electoral de 2015 hubo al menos tres personas que perdieron la vida en medio de un clima de violencia política desatada por los grupos de choque de bandos contrarios. El saldo pudo haber llegado a cinco muertos en el territorio poblano, pero nadie confirmó.

Uno de los crímenes se produjo a unos metros de una casilla en el municipio de Libres. Un militante priista recibió el tiro de gracia en un domingo a mediodía, y ante un público expectante y preso del miedo desatado cuando seguidores de ese partido y de Acción Nacional disputaban los 16 escaños en San Lázaro.

Los últimos procesos de elección en Puebla han sido convulsos. Por acción  u omisión, los ánimos y las rivalidades han desbordado hasta llegar al ataque directo. Desde que se sabe, de los últimos homicidios cometidos en el contexto de la disputa política, no hay detenidos, procesados y las indagatorias se pierden en el tiempo y olvido.

Los saldos de esos procesos son la peor expresión de procesos democráticos que deberían haberse resuelto mediante el uso del voto mayoritario. Sin embargo no ha sido así.

No sólo han alimentado el imaginario colectivo por el clima de impunidad que domina la escena nacional, sino el sentimiento de que procesos electivos y democráticos están más dominados por grupos y oligarcas que buscan consolidar o perpetuar cotos de poder que por un afán ciudadano por decidir su forma de gobierno. La democracia pervertida, pues.

En las últimas horas han surgido versiones de la existencia de grupos de choque contratados por los partidos políticos, coaliciones y candidatos para pelear por las malas lo que no están dispuestos a conseguir por las buenas: la violencia como último recurso.

Es el peor de los escenarios posibles, que resulta de una hoja de ruta probada en los últimos procesos. La sangre derramada en la zona metropolitana o en el interior no es un buen augurio en tiempos de alternancia política.

Para este domingo serán instaladas más de 7 mil casillas para que los habitantes del estado decidan por sus autoridades civiles inmediatas. Desde los 217 presidentes municipales pasando por sus legisladores -locales y federales-, un nuevo inquilino para Casa Puebla y desde luego, otro Presidente de México.

Los ojos del mundo estarán en las próximas horas sobre el territorio nacional -y Puebla no se puede sustraer-. La tentación por el poder público no debe obnubilar los grupos en la justa electoral pues la viabilidad como país está en juego.

La responsabilidad de los actores en la contienda es enorme, como en efecto, lo es para los organizadores del proceso y para los ciudadanos. Al margen de las tragedias individuales y colectivas, una gota de sangre en los comicios del domingo próximo terminará por ensuciar un proceso de sucesión democrático y civilizado.

Honrar a los muertos de tiempos pasados es poner remedio en el presente. Sin importar sus signos partidistas, se deberá partir de la premisa de abstenerse de intentar incendiar una elección que resulta del esfuerzo de la autoridad electoral y de cientos de miles de ciudadanos que han  puesto su nombre, tiempo y esfuerzo para el bien colectivo. Que al menos por esta, el diccionario detenga las balas (dixit Joaquín Sabina).