La toma del control del aparato de seguridad en Tehuacán de parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado no hace sino confirmar una condición anómala y permanente de una administración municipal dual, en manos de un matrimonio popular en la zona, pero ineficaz en el ejercicio público: Ernestina Fernández y su marido, Álvaro Alatriste.

Desde 2015 ya había claros síntomas de descomposición en el segundo más importante municipio del estado, con la presencia creciente de grupos de delincuencia organizada. Como humedad se fueron internando en las estructuras de gobierno y luego entre sectores productivos de la zona. Los delitos de secuestro, homicidio y extorsión se dispararon en los últimos años.

Un video alojado en YouTube que tiene hasta ahora más de 10 mil reproducciones da cuenta de las componendas aparentes entre mandos policiacos y miembros zetas, el grupo delictivo que sentó sus reales en Veracruz, entidad vecina de la zona tehuacanera.

“Estoy sobre la 16 Oriente y 21 Norte… 21 Norte”, se escucha a través de los equipos de radiocomunicación tipo Matra, cuando una voz gruesa interrumpe, y suelta de pronto: ¿Qué pasó tinientito, pensastes (sic) que con los de la última letra se jugaba? La policía está con nosotros”, a continuación de hace el silencio enigmático, amenazante.

La monarquía disfrazada de gestión municipal que resultó de un proceso democrático ya despachaba en Palacio Municipal cuando un funcionario de la Secretaría de Comunicaciones dijo al reportero en una conversación off the record que en ese lugar llegaron a haber operadores de transporte público armados, consentidos por los grupos delictivos.

El brazo de los delincuentes ya había alcanzado en aquel entonces distintos ámbitos de la vida pública mientras en el Cabildo de Tehuacán, la presidenta municipal de extracción priista mantenía una guerrita política con el gobierno del estado por diferencias partidistas, muchas de ellas alentadas por el marido frustrado que había sido el plan “A” del PRI para la elección previa.   

Al momento de escribir esta Parabólica, ya habían transcurrido más de 12 horas de la toma de la Dirección de Seguridad Pública, a cuyo cargo se encontraba Marco Antonio López Alfaro, un capitán retirado del Ejército Mexicano, y sin embargo, seguía sin dar la cara.

“Ojalá llegue para reclamarle”, dijo ayer a este reportero un elemento de lo que quedó de la corporación policiaca luego de ser reincorporado tras haber pasado los exámenes, que supone el protocolo de control y confianza, en el C5 de la capital del estado.

Otro de los funcionarios que desaparecieron de la escena fue el Director General de Gobernación, Ángel Ernesto Ramírez. De la presencia de la presidenta municipal tampoco se supo mucho, como ha sido desde que asumió el mando por el voto popular, desplazada por un marido empeñado en gobernar detrás del trono de su consorte, Álvaro Alatriste.