No tiene mucho, un profesionista acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE), para presentar una denuncia por el robo que sufrió su domicilio y que fue a mano armada.

El afectado el narró que junto con su esposa estaba durmiendo en la recámara de su domicilio cuando fue despertado en forma violenta por sujetos que habían logrado forzar las puertas de entrada y llegar hasta donde descansaba.

En cuestión de minutos la familia fue encerrada en una sola habitación, videos que los delincuentes fueron buscando poco a poco objetos de valor dinero electrodomésticos e incluso celulares.

El jefe de familia le advirtieron que si no les decía donde guardaba sus valores o si trataba de pedir auxilio activando alguna alarma iban a cobrar venganza con su familia por lo que no le quedó más remedio que cooperar y entregar todo lo que tenía guardado de valor.

En cuestión de una hora los delincuentes se apoderaron de todo lo que encontraron de valor y se dieron a la fuga en un vehículo de la víctima y en otro más que utilizaron para llegar.

Cuando la familia logró desatarse, solicitó el auxilio a través del 911, tardando los cuerpos de seguridad otra hora para poder llegar a iniciar una búsqueda, y terminó como siempre con el reporte de que los ladrones habían escapado.

Después del trago amargo, el dueño de la casa y su esposa acudieron a la FGE, para presentar una denuncia por lo que les había ocurrido, siendo enterados por parte del Ministerio Público que tenían que entregar la suma de 2 mil pesos para que se diera entrada a una Carpeta de Investigación.

Así las cosas quien fue primero víctima de un robo a mano armada y después de una extorsión tuvo que aguantarse su coraje y presentar su denuncia, en espera de que quienes continúan con la investigación no le pidan para la gasolina y para los almuerzos.

Así está ocurriendo actualmente en la FGE, a las víctimas del delito les cobran por un trabajo al que están obligados a hacerlo y por lo que reciben una renumeración económica cada quincena.

Pero esto no sólo pasa aquí, una ex funcionaria, en otra ocasión, acudió a estas oficinas, porque llevaba el caso de un conductor que había sido detenido a bordo de un tráiler que presentaba problemas en su documentación.

De manera inicial le dijeron que ya se había comprobado que no había delito que perseguir y que podría pasar a recoger el tráiler ya que le entregará a su cliente, pero le pidieron que por el trámite se pagara la suma de 80 mil pesos.

La víctima de extorsión se negó a entregar ese dinero y por medio de otra instancia legal logró recuperar el tráiler y el cliente sin darles un solo centavo.

Lo malo es que no todos conocen sus derechos y quienes son víctimas de algún delito tienen que pagar para que lo reciban, los atiendan,  investiguen  y lo que se les ocurra.

Y todo esto ocurre a escasos meses de que sea renovado el gobierno de Puebla.

Justo en los momentos del incremento de la delincuencia en todo el estado.

Nos vemos cuando nos veamos