“(…) Seré alguien que actúe con responsabilidad (…) que busque la Igualdad (…) nuestro compromiso con el mejor destino de nuestro estado (…) lucharé por darle a Puebla una sociedad de Libertades, una sociedad de Derechos (…)”, fueron algunas de las palabras que Luis Miguel Barbosa pronunció en el marco de su primer mensaje, tan solo unos minutos después de haberse dado a conocer las encuestas de salida, que le daban el triunfo en la contienda electoral para gobernador del estado de Puebla.
Las retomo, porque este mensaje me permite reflexionar sobre los últimos acontecimientos de que fuimos testigos –pasivos o activos- en Puebla la última semana, al escuchar las vergonzosas y denigrantes declaraciones del Diputado Héctor Alonso Granados.
Cargadas de misoginia, machismo, desinformación, discriminación y violento contra de las mujeres, fueron las expresiones del Diputado, que provocaron el repudio de la sociedad poblana y de todo México, ocupando tristemente para Puebla -una vez más- los principales espacios periodísticos del país.
Estas declaraciones se derivaron de la presentación de una Iniciativa al Código Penal que propone reformar diversos artículos en la parte que corresponde a interrupciones legales de embarazos.
El objetivo de la misma, es dejar de una vez por todas de criminalizar a las mujeres.
Y de ninguna manera pretende y No supone como bien ha escrito por el Ministro Arturo Zaldívar: “(…) el desconocimiento de ninguna concepción religiosa, No impone creencias o valores. Ni obliga a nadie a actuar en contra de las propias. Sólo implica el reconocimiento de que condenar a una mujer a la cárcel, a la clandestinidad, a poner en riesgo su salud o su vida, es despreciar su valor como persona. Estar a favor de la vida es respetar la dignidad y la libertad de las mujeres, estar a favor de la vida es No verlas como un medio, sino como un fin.” (El derecho fundamental a interrumpir un embarazo, Milenio, 28/05/2019).
La interrupción legal del embarazo es un tema de salud pública. Las mujeres mueren por abortos clandestinos y el Estado está obligado a garantizar y salvaguardar su vida y su integridad. Aún más cuando hace unos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un amparo señalando la obligación de las autoridades sanitarias de anteponer el derecho a la salud por encima de los códigos penales.
Por eso lo expresado por el candidato ganador Luis Miguel Barbosa, es para mí esperanzador y para muchas mujeres también, ya que representa avanzar con la voluntad política, en ese camino hacia alcanzar -justamente a lo que él se comprometió en su mensaje- nuestros Derechos y Libertades, Sin olvidar que la causa de la Igualdad es justa y noble y que en el Congreso poblano debemos retomar el valor de la ética que no es una disciplina dogmática. Y como bien han señalado diversos estudiosos: “Los que se hacen llamar librepensadores, defensores de la ética laica, dialogan, no descalifican; invitan, no excluyen; discuten, no dogmatizan.”
La interrupción legal del embarazo NO obliga a nadie a abortar.
La criminalización SI obliga a parir.
NO continuemos criminalizando a las mujeres.
Rocío García Olmedo
