La pasada semana se dio de manera visible el nuevo capítulo del enfrentamiento entre concesionarios del transporte público y autoridades del gobierno estatal. Un enfrentamiento cíclico, que aún no llega a un resultado final y en el cual, aunque se diga lo contrario, en lo último que se piensa es en el usuario final, el pasajero.
Cierto es que hace ya tiempo que no se da un aumento en el precio del pasaje y que los aumentos al costo de la gasolina han impactado fuertemente a los concesionarios, pero lo que no resiste el mínimo análisis son las condiciones de las unidades así como el servicio que ofrecen las diversas rutas.
No se requiere ser un experto, ni subirse a cada una de las combis, microbuses y camiones para darse cuenta que, un muy alto porcentaje está en condiciones de regulares a malas. Asientos en mal estado, ventanas que no abren y cierran, modelos muy viejos con poco o nulo mantenimiento que contaminan de manera descarada.
En cuanto al servicio las quejas son innumerables, choferes que no se detienen en las paradas correspondientes –ya sea para subir o bajar pasaje-, las terribles carreras entre unidades que han dejado muchos accidentes y demasiados muertos, paradas muy largas para hacer tiempo entre una unidad y otra, recoger más pasaje para luego acelerar a fondo para cumplir con los tiempos, choferes malhumorados y groseros, nula atención a personas con alguna capacidad diferente, etc. Por si fuera poco, y esto no es culpa de concesionarios ni choferes, al subirte al transporte público en Puebla tus probabilidades de ser asaltado crecen exponencialmente.
La economía nacional no está precisamente boyante como para un aumento drástico en el precio del pasaje. Hay que tomar en cuenta que muchas personas pagan 6, 8 o 10 pasajes por día. Además como usuario uno espera que al darse dicho aumento las condiciones y el servicio mejorarán, cosa que nunca sucede. Cuando se anuncia el aumento se dice que está amarrado al compromiso de grandes mejoras, de un mejor servicio y al pasar de los meses no sucede nada. Así ha sido históricamente.
Una parte medular de esta situación es la perversa relación que se ha generado entre las autoridades estatales y los concesionarios donde el transporte público es utilizado como parte de la fuerza electoral del partido gobernante en turno, como apoyo en mítines oficiales y de campaña, como transporte en manifestaciones o bien es una caja chica para diversos fines. Voces con conocimiento afirman que durante las administraciones anteriores cada unidad estaba obligada a pagar 10 pesos diarios al gobierno estatal. Si existen más de 20 mil unidades, haga usted la cuenta de lo que eso representó en 8 años.
Mientras no se decida una reforma a fondo del sistema de transporte público en nuestro estado, aplicando la ley sin cortapisas, exigiendo radicales mejoras en las unidades y el servicio y ofreciendo una relación sana y legal entre autoridad y concesionarios, los usuarios pagaremos día a día mucho más que un aumento al pasaje.
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