La cancelación de las multas por no verificar puso al descubierto una serie de actos de corrupción que se presentaron desde el morenovallismo para favorecer los negocios de dos familias: Macari, y Kawashi. No sólo se trató del cierre de 83 centros operados por empresarios poblanos para dejarles todo el mercado a unos cuantos; lo grave es que sólo se abrieron 17 negocios pomposamente llamados de Compromiso Ambiental.

Desde hace cinco años, Intolerancia Diario reveló la manera ilegal en la cual se habían otorgado las concesiones. Las 17 empresas pertenecen, todas, a los mismos dueños y para colmo, a varios de los titulares, el gobierno del entonces Distrito Federal les había retirado los permisos por incurrir en actos de corrupción.

Aun así el morenovallismo se impuso y los poblanos pagamos las consecuencias. Verificar se volvió un caos por los escasos establecimientos en todo el estado y la insuficiencia en las líneas de revisión.

Ante las largas filas que provocaban que los automovilistas tuvieran que pasar hasta dos noches esperando su turno, siete de cada diez poblanos dejaron de cumplir con la verificación y esperaron alguna promoción para hacerlo sin tener que pagar multa, pero esto nunca llegó con el morenovallismo.

Aunque se presumió que con los nuevos centros, todo sería “derecho”, la corrupción continuó, los encargados de los negocios alteraron las máquinas u otorgaban hologramas sin verificar, así todo se fue arreglando con dinero.

Hace tres años, en julio de 2016, los verificentros que operan en la colonia Maravillas y en San Martín Texmelucan, propiedad de las empresas Verificadora Tamaulipas y Verificentro San Joaquín, fueron clausurados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por presentar irregularidades. Ambas firmas obtuvieron la concesión en Puebla en 2014, bajo el cobijo de Rafael, a pesar de que años antes, en el Ciudad de México, les retiraron los permisos por serias irregularidades.

Apenas el martes el gobernador, Miguel Barbosa anunció que va a terminar con el monopolio que existe en los centros de verificación y que se ampliará el periodo de condonación de multas en lo que resta del año.

Ahora los 17 centros están en la mira, ya que algunos vehículos altamente contaminantes cuentan con el holograma, mientras unidades de modelo reciente no pasan la verificación, lo que indica que algo no está bien.

Por cierto hay otro negocio implícito, los trabajadores de los centros piden de 200 a 300 pesos para que los propietarios de los vehículos no hagan fila, así otro acto de corrupción hormiga, y volvemos a decirlo, es herencia de Moreno Valle.