En un país en donde violar las leyes y los reglamentos son vistos de manera tan común y natural como el respirar o caminar de las personas, resulta prácticamente imposible que por un simple llamado a la honestidad como ingenuamente lo hace AMLO, se terminen estas prácticas de irresponsabilidad ciudadana, como el manejar a exceso de velocidad.

La implementación de las llamadas “fotomultas” no fue el programa más popular de todos, pero sí altamente eficaz para reducir los accidentes viales en zonas identificadas como peligrosas, por ser utilizadas como pistas de carreras.

Negar que las fotomultas sirvieran para disminuir accidentes es absurdo. Los índices a la baja en materia de accidentes son relevantes. Lo que se ve no se juzga.

Sin embargo, el problema con la administración morenovallista no era la eficiencia del programa, sino el hecho de haber utilizado un esquema de control y seguridad en materia de movilidad como un jugoso negocio.

Más que pensar en el bien ciudadano, el programa Monitor Vial se convirtió en un negocio brutal, con el cual la empresa Autotraffic ganaba millones y millones, evidentemente con el beneplácito de sus cómplices al interior del gobierno estatal.

El costo de las infracciones resultó un atentado contra la economía de las familias, al grado de que hay quienes ya decidieron no pagar nunca esas multas porque deben más de lo que vale el auto. Y al no poder venderlo, se quedarán con él hasta que sea una carcacha.

Aquí lo escribí en diferentes columnas, el mismo efecto causaría una multa de 500 pesos que una de 4 mil pesos. Nadie está peleado con su dinero y la mayoría se ajustaría a los límites de velocidad, con multas razonablemente calculadas. Pero Moreno Valle no lo entendió, o no le convenía entenderlo. El negocio fue siempre el móvil de sus decisiones.

Así las cosas, las fotomultas pasaron de ser un programa regulador, a uno recaudatorio.

Pero vayamos al segundo punto.

Para hacer más grande el negocio, pusieron límites de velocidad que rayan en lo ridículo.

Un ejemplo es la vía Atlixcáyotl de Angelópolis a la caseta con un límite de 80 kilómetros. Hay momentos en que el automovilista va más preocupado en revisar el velocímetro que en conducir correctamente. La movilidad termina siendo inmovilidad y en lugar de una vialidad rápida, se convierte en un desfile de tortugas. Si el límite se subiera a 90 kilómetros por hora no pasaría nada ni tampoco pasaría si el periférico se aumenta a 110 en lugar de los 90 kilómetros actuales.

Y en una ridiculez más, en la autopista a Atlixco el límite es de 90 kilómetros, mismo que en un acto de congruencia, podría subirse a 110 o 120 kilómetros sin que haya un riesgo mayor para los automovilistas.

Más que desaparecer un programa como este, lo que debiera hacerse es analizar para definir los errores y denunciar las transas que seguramente existieron, pero también se puede depurar y mejorar para que cumpla con su verdadera función que es la de regular y proteger a los automovilistas.

El tema era muy simple, había que transparentar los recursos, bajar los montos excesivos y determinar límites de velocidad razonables.

Sin duda, la opacidad, los precios y las trampas para aplicar las fotomultas, hacían de este programa un negocio descomunal para unos cuantos.

Pero también es cierto que bajaron los accidentes y por consecuencia el número de muertos que en fines de semana se sumaban por docenas.

Estoy en total acuerdo con el gobernador en su lucha para acabar con los negocios del pasado. Pero desaparecer la fotomulta en Puebla, sin un plan alterno para controlar los límites de velocidad puede ser muy peligroso y tener un alto costo político.

Espero equivocarme, pero no veo cómo se pueda evitar que aumenten los accidentes en esas vías rápidas. Veremos y diremos.