El pasado domingo se cumplieron dos meses de que en Baja California se aprobara la ahora llamada Ley Bonilla. Una ley en la que la pasada legislatura de ese estado decidió modificar el artículo octavo transitorio constitucional para cambiar el período de dos años del recién electo gobernador Jaime Bonilla, como lo marcaba la reforma de 2014, a cinco años.

No es la primera vez que un Congreso estatal, sometido a los caprichos del gobernador en turno, modifica una ley y la reescribe según la conveniencia de dicho gobierno. Algunas veces los “convencen”, otras los someten, en otras son pagos de favores y en otras, como se sabe en esta última, hay un fuerte intercambio monetario de por medio.

La semana pasada comentaba en este espacio que como parte de las generosas ofertas que el gobierno de Rafael Moreno Valle hizo a Audi para que se instalara en Puebla, fue modificar la ley ambiental para que no tuvieran problemas con la generación de ruido, ni en la etapa de construcción ni ya operando.

El asunto no es menor y lo de Baja California, por muy lejos que se encuentre de Puebla, nos obliga a reflexionar y a parar las antenas porque puede ser un tema que trastoque al país y nos ponga en situaciones muy peligrosas.

He platicado con varios politólogos y coinciden en que no fue un avance del presidente López Obrador para ir planchando su posible reelección. Aunque varios detractores del presidente lo utilizaron para asustar a la población, se dice que fue un tema aislado y no parte de un proyecto nacional.

Sin embargo, es un hecho que cotidianamente en los congresos estatales se dan este tipo de aberraciones.

La realidad es que en los estados la división de poderes es una falacia, no existe, se disimula. En casi todos los casos tanto el poder legislativo como el judicial son sometidos al poder ejecutivo. Y no por cotidiano es menos peligroso pues las leyes pierden sentido cuando pueden ser modificadas arbitrariamente y al gusto de quien ostenta el poder.

En una entrevista reciente Lorenzo Córdoba, presidente del Consejo General del INE, decía “hay leyes para modificar las leyes“, y agrego yo, es muy riesgoso pasarlas por alto.

Puede sonar muy pedestre pero es como si a mitad de un partido de futbol un entrenador o directivo lograra que los tiempos, en lugar de 45 minutos, duraran 15 porque van ganando la final.

Las leyes en los estados se modifican en temas de menor y mayor trascendencia pero al final todos los casos son graves. Como ciudadanos no lo podemos permitir porque o tarde o temprano lo vamos a lamentar.

En Puebla es un reto para el gobernador Luis Miguel Barbosa y para Gabriel Biestro presidente del Congreso local. Es más que deseable que no caigan en la tentación, el gobernador en tratar de imponer y el Congreso de no ser una comparsa que cierra los ojos y levanta la mano para quedar bien.

Cómo dice el periodista y amigo Enrique Núñez, veremos y diremos.

+++     +++     +++

  • 1. El gobernador Luis Miguel Barbosa se comprometió a que no habrá subejercicio del presupuesto. Que así sea, a Puebla le urgen recursos en muchos rubros.
  • 2. Han sido muchos los mensajes, no muy amables, del gobernador al rector Alfonso Esparza. A nadie conviene un pleito ahí. Ojalá se sienten a platicar tranquilamente.
  • 3. Una semana más y Claudia Rivera sigue aferrada, inexplicablemente, a su secretaria de Seguridad y Tránsito Municipal. ¿Qué parte no se entiende?