En los últimos cinco años, una de las banderas que promovió la izquierda en Puebla fue la abrogación de la llamada “Ley Bala”, la misma Ley de Protección a los Derechos Humanos y que regula el uso de la Fuerza que le costó la vida de un menor durante la represión en Chalchihuapan.
Consta en nuestra hemeroteca que Intolerancia Diario dio cobertura al tema, desde el inicio. Advertimos el riesgo que implicaba el voto de un congreso sumiso y obediente a la voluntad de Rafael Moreno Valle. Dimos voz a las organizaciones civiles que explicaron la represión y el riesgo intrínseco en la aplicación de la llamada Ley Bala.
Aun así, los diputados aprobaron el documento con un ligero cambio en el artículo 47 que hablaba del uso de armas letales, sólo para poder decir que no eran una Oficialía de Partes.
Se aplicó la Ley Bala lo mismo en Chignahuapan que en Tehuacán o Chalchihuapan, civiles, entre ellos menores de edad, resultaron heridos y hasta asesinados.
Hago este breve recuento porque hoy la 4T y sus diputados que tanto se dicen de izquierda cometen los mismos errores y fallas que cometieron los panistas, con una agravante: Ya conocen las consecuencias de votar sin razonar.
Hoy la 4T no solo en Puebla sino también a nivel nacional, está avalando la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, que supuestamente establece una serie de protocolos para el actuar de la policía, pero en el fondo tiene muchas similitudes con la iniciativa que propuso Luis Maldonado y que posteriormente impulsó Rafael Moreno Valle.
El documento publicado el pasado 27 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) reconoce en el sexto inciso del Artículo 6, la posibilidad de que las fuerzas del orden causen a los civiles una “Lesión grave… permitiendo el uso de armas menos letales o de fuego con la finalidad de neutralizar a los agresores y proteger la integridad de la autoridad o de personas ajenas, con alta probabilidad de dañar gravemente al agresor”. En el séptimo inciso se establece, la muerte de un “agresor”, incluso con el uso de “armas menos letales o de fuego”.
Como se observa, la propia ley contempla la posibilidad de que los elementos de la Guardia Nacional u otras corporaciones para imponer el orden cometan nuevas ejecuciones contra “agresores”, que lo mismo pueden ser sicarios, integrantes del crimen organizado o bien, manifestantes.
Al no precisar las situaciones en las que es válido el uso de las armas de fuego contra los “agresores”, se deja abierta la puerta para que algunos gobiernos utilicen el documento bajo su propio criterio cayendo en actos represivos, es una tentación muy alta y en Puebla por desgracia, ya conocemos sus trágicos resultados.
Y ojo, no se trata de una ley comandada por la derecha, insisto, es una iniciativa que resultó y fue avalada por una aplastante mayoría en el Congreso de la Unión que es comandada por los diputados afines a López Obrador.
Cuentas congeladas; hagan sus apuestas
Las declaraciones de Santiago Nieto durante su visita a Puebla fueron por demás morbosas aunque no inesperadas. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera fue directo al grano: ya hay investigaciones en curso contra algunos exfuncionarios morenovallistas y sus cuentas están congeladas.
Ahora comenzarán las apuestas para saber a qué exfuncionarios del gobierno de Rafael se les siguen las auditorias. Hay bastantes nombres en el juego, recientemente le brindaba algunos como los de Cabalán Macari, Pablito Rodríguez, los hermanos Trauwitz, Eukid Castañón y Eduardo Tovilla.
Sume a esa lista el del senador suplente de Rafael, Roberto Moya, quien “inexplicablemente” decidió votar a favor de la Revocación de Mandato pese a que Acción Nacional fijó su postura en contra. ¿Coincidencia o conveniencia?
