Elevar de rango a San Miguel Canoa para que se convierta en el municipio 218 de Puebla es una verdadera bomba de tiempo que, de no desactivarla a tiempo, generará severos dolores de cabeza, tanto a los encargados de la gobernanza como a los propios poblanos.

Sin duda el gobernador Miguel Barbosa está en el ánimo de cumplir su palabra empeñada ante el presidente López Obrador en su penúltima visita a Puebla, lo interesante será ver cómo resolverá el conflicto que naturalmente se generará en otras juntas auxiliares que se consideren con los elementos, motivos y razones suficientes para ser declaradas como municipios. 

Por citar sólo tres ejemplos, todos ellos fuera de la capital, retomaremos los datos que ayer se ofrecieron.

San Salvador Chachapa cuenta con 45 mil habitantes y una franca y pujante vocación industrial; sin embargo, los recursos y aprovechamientos que entregan las empresas –principalmente del ramo automotriz- se quedan en el municipio de Amozoc, por lo cual la junta auxiliar no cuenta con recursos propios para afrontar el tema de la inseguridad que azota esa zona conurbada. 

En San Lorenzo Almecatla se encuentra asentada la empresa más icónica de la entidad: Volkswagen; también en ese territorio del municipio de Cuautlancingo está instalado el Parque Finsa. Se estima que unas 30 mil personas habitan la junta auxiliar que fue sede de la Batalla de San Lorenzo, el 8 de mayo de 1863, donde se enfrentó al ejército francés. A pesar de contar con identidad y la población requerida, el caso de los aprovechamientos es idéntico al que padecen en San Salvador Chachapa.

Y ya que estamos en el tema de identidad, la junta auxiliar de La Ceiba, cuyo nombre oficial es Villa Ávila Camacho, también cuenta con 30 mil habitantes y claro el territorio reconocido el 10 de agosto de 1954 por el entonces gobernador Rafael Ávila Camacho, también buscaría hacerse de recursos propios.

Estos tres ejemplos, que no son los únicos, son el reflejo del interés que desde ahora existe en las 453 demarcaciones de Puebla que están reconocidas bajo esta figura que constitucionalmente no existe.

Por ello será todo un reto aceptar o rechazar la solicitud de las juntas auxiliares para convertirse en municipios. De no atender adecuadamente el tema, será una bomba de tiempo debido a que la mayoría de ellas se han caracterizado por ser bravas y aguerridas. Claro está que al ver que una de ellas sí lo logró, las demás también levantarán la mano.

No sólo presentarán sus oficios en el Congreso del estado o darán ruedas de prensa en la capital, sin duda veremos marchas, plantones, cierres de presidencias y hasta de carreteras principales para lograr que cada espacio cuente con la anhelada denominación, en muchos casos, justificada.

Más que un asunto ideológico o de identidad, la verdadera razón por la cual los líderes locales buscarán que las juntas auxiliares asciendan a municipios es económica. Actualmente hoy los presidentes auxiliares son simplemente gestores, promotores, cabilderos pero no dependen de ellos las obras ni las finanzas locales; de lograr el reconocimiento contarán con un recurso que hoy les llega a cuenta gotas desde las cabeceras municipales, en otras palabras, son rehenes de los alcaldes en turno. 

En caso de ceder, el gobierno tendría que revisar con lupa el tema de los nuevos ayuntamientos para evitar que se pongan en manos de grupos caciquiles los gobiernos locales, además de que Puebla correría el riesgo de convertirse en un estado tan dividido, geográficamente hablando, como lo es hoy Oaxaca, con las implicaciones que ello conlleva.

Por ello bien convendría al gobierno de Miguel Barbosa establecer que el nombramiento de San Miguel Canoa como el municipio 218 de Puebla sería una forma de reconocer la deuda histórica que se tiene con los pueblos indígenas, que sea pues, una excepción histórica.