Corrupción, acoso sexual y psicológico, tráfico de influencias y venta de plazas en la Dirección de Juzgados y Registro Civil de la Secretaría de Gobernación, a cargo de un grupo de funcionarios que medran con el cargo, sigue siendo el sello de la casa.
Nada ha cambiado. Son los mismos síntomas del pasado, usos y costumbres de un régimen que permanece insepulto y que llegó con el extinto Rafael Moreno Valle y el Partido Acción Nacional en 2011, y que permanece igual, intocado e impune.
Detrás de la mafia que opera en ese ámbito, un grupo de burócratas de medio pelo entre quienes están asistentes, secretarias, esposas y ‘novias’ que despachan desde una posición privilegiada.
Se saben lejos del escrutinio a donde los ha llevado un par de sujetos con nombre y apellido: Víctor Manuel González del Razo, Subdirector de Coordinación de Juzgados de la Dirección General de Registro Civil y Augusto Durán, Jefe del Departamento de Atención a Juzgados.
Por encima de las amenazas que infringen en contra de quienes asumen como enemigos, de entre las que destacan ser removidas a juzgados lejos de lugares de residencia o familiares y peticiones de favores sexuales, está la práctica cada vez más obscena: convertir una instancia gubernamental en caja registradora para beneficio propio.
El autor de Parabólica.mx pudo constatar el mecanismo que ha permitido a este este grupo mafioso obtener ganancias por encima de sus emolumentos, a diferencia de lo que ha insistido el discurso de la Cuarta Transformación.
A través de una página en Facebook se ofrecen servicios de ‘Trámites ante Registro Civil Puebla’, en la que además ‘se puede apoyar para la asesoría y realización de un juicio de rectificación contando en primer lugar con la copia fiel del libro certificada del acta a rectificar’.
Un colaborador del columnista consultó sobre los servicios ofrecidos para rectificar nombre en un acta de nacimiento hipotéticamente mal escrito. Como respuesta recibió una cotización de mil 500 ó 5 mil pesos, dependiendo del trámite administrativo o judicial.
La suma requerida debe ser depositada en una tarjeta de débito HSBC a nombre de Raymundo Humberto Díaz Ramos, quien figura en el padrón de beneficiarios de la Secretaría de Cultura y Turismo a través del Programa Apoyos Sociales a Actividades Sociales o Académicas en 2018, a cargo entonces del morenovallista Roberto Trauwitz Echeguren.
En octubre del año pasado el columnista Iván Tirzo ya había publicado una serie de denuncias en el diario Milenio por la existencia de venta de plazas bajo el título ‘Morenovallistas hacen negocio en el Registro Civil’.
Resulta difícil imaginar que el titular del Registro Civil de las Personas esté ajeno al mecanismo de operación de este grupo enquistado en la administración estatal; más aún que un servidor público como David Méndez Márquez cierre ojos y oídos a esta circunstancia.
