Al termino del 2019, antes de la pandemia COVID, un total de 135 millones de personas, en 55 países, sufrían de inseguridad alimentaria aguda; 75 millones de niños tenían retraso del crecimiento, según el Informe de la Red Mundial de las Crisis Alimentarias de la FAO 2020.
La inseguridad alimentaria aguda se produce cuando la imposibilidad de las personas para consumir alimentos adecuados pone en peligro inmediato su vida o sus medios de subsistencia.
Las causas de esta crisis alimentaria son los conflictos, los fenómenos meteorológicos extremos y las turbulencias económicas, detalla el informe de la Red citada y, señala que 18.5 millones de personas corresponden a América Latina y el Caribe.
En México, los fuertes recortes presupuestales al sector agropecuario previos al inicio de la pandemia COVID19 y la crisis de los precios del petróleo por un menor consumo mundial, afectan fuertemente los ingresos nacionales.
También el cierre temporal de los mercados agroalimentarios de Estados Unidos a donde mayoritariamente exportamos y el desempleo de nuestros migrantes que reduce el envío de remesas para sus familias, anuncian un escenario complicado para la economía y la seguridad alimentaria de los mexicanos.
Este año 2020 será más caluroso que el anterior y, no obstante que se pronostican mayores cantidades de lluvia, se esperan afectaciones a los cultivos por el impacto térmico, según establece el Sistema Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.
Las opciones para asegurar la alimentación de las familias son diversas. Primero, para atender las emergencias se cuenta con la dotación directa de alimentos a través de despensas. Es una práctica común de los gobiernos donde nunca se puede atender a todos y si no hay controles, genera muchas inconformidades. Nunca se queda bien. Es indudable que las despensas ayudan a resolver una necesidad temporal.
El problema de lo anterior es que al establecerse como política de apoyo social permanente no ayuda al desarrollo de las familias. Se requiere de eso para contener el problema de la inseguridad alimentaria, pero el siguiente paso es el apoyo al fomento productivo.
La producción de alimentos en pequeños espacios en zonas rurales y periurbanas ha permitido ahorros de hasta 7 mil pesos por familia en la compra de alimentos, es la terapia ocupacional más importante para una familia y es la mejor vía para preparar a los niños y jóvenes para su seguridad alimentaria futura.
El huerto y la granja familiar están reconocidos en el mundo como una gran estrategia productiva. Ha faltado apoyo tecnológico y logístico para saber que hacer después de terminado el apoyo otorgado ya que los proveedores de insumos y tecnología sólo atienden grandes superficies. La granja escolar es una de las mejores estrategias para la enseñanza de las diferentes materias.
El fomento productivo requiere de apoyar a los pequeños productores que integran el 85 por ciento de la pirámide productiva nacional. Son la base de la pirámide. Se ha dificultado su apoyo porque cuentan con parcelas pequeñas y una fuerte tendencia a trabajar en forma individual. La primera meta debe ser que alcancen a cubrir sus necesidades básicas de autoconsumo que hoy no logran.
Sus condiciones limitan su acceso a servicios técnicos, tecnología, financiamiento y, por sus reducidos volúmenes de cosecha, no pueden acceder a mercados. Casi siempre son la bandera política de campañas, pero no hemos pasado de darles muy limitadamente asesoría, semillas, fertilizantes y promesas, igual que su esperanza de tener una mejor cosecha el próximo ciclo.
Pequeños y medianos productores necesitan de aquellos apoyos que ellos no pueden obtener solos. Necesitan capacitación y asesoría técnica de acuerdo a su problemática productiva, maquinaria, tecnología, infraestructura de caminos, hidráulica y de acopio para hacer los volúmenes que se requieren para acceder a mercados.
Se necesita un enfoque regional de los apoyos y que estos sean integrales para fortalecer proyectos que muchos ya tienen en marcha. La política de apoyos debe fomentar el desarrollo de proyectos colectivos y dotar de bienes públicos en lugar de los apoyos personales para poder arribar a la producción bajo contrato y a un verdadero desarrollo organizacional y productivo.
Los apoyos para los grandes productores generalmente están asociados con la agilización de trámites, apoyos en sanidad e inocuidad, financiamiento y búsqueda de mercados.
Se requiere atender la descapitalización actual de las familias y encontrar los apoyos más pertinentes para reactivar la producción en las comunidades, contener la crisis alimentaria actual y los efectos que generará la pandemia COVID19 como lo están señalando los expertos.
