Enrique Javier es un joven de 20 años de edad que jamás se le conoció talante o perfil pendenciero o altanero y sin embargo está por ser encontrado culpable de atentar contra la vida de una joven menor de edad, Michel Ivonne, su ex novia.

La tragedia que envuelve a la jovencita lo es al mismo tiempo del muchacho a quien la Fiscalía General del Estado vinculó a proceso por el probable delito de tentativa de feminicidio, una imputación de suyo grave, pues la pena alcanza una máxima de 40 años.

Michel Ivonne se debate entre la vida y la muerte por las lesiones que le provocó su agresor. De perder la vida podrían ser hasta 60 años de pena, pues se acreditaría el delito de feminicidio al que habrá que añadir violación y privación ilegal de la libertad.

A Michel Ivonne se le encontró al borde de la muerte, en un canal de agua sucia en la Unidad Habitacional de Agua Santa, y según la narrativa periodística no sólo fue agredida físicamente, sino sexualmente.

El episodio resulta atroz y condenable, no hay argumento válido que justifique los orígenes de un ataque criminal, pero la familia del presunto agresor intentó encontrarlo a como diera el lugar, sin advertir que podría incurrir en un delito más: corrupción de menores.

Y es que en uno de esos pasajes surrealistas de nuestro paisaje poblano, la familia obtuvo el directorio telefónico de periodistas que cubre la fuente de la Fiscalía General del Estado para enviar mensajes llenos de odio y amago.

Detrás del nombre Liliana Hernández, cuyo número telefónico era 81 17 77 27 47 circularon al menos una fotografía de quien parece ser Michel Ivonne en la que se expresaba, formaba parte de los mensajes que el presunto agresor recibía para incentivar celos.

La revictimización asomaba sin pudor detrás del ataque a la joven víctima, menor de edad y que parece haber pasado de noche para los responsables de la indagatoria.

De todos los asuntos a cargo de la FGE, el proceso que se le sigue el joven ex empleado de la taquería de Agua Santa, es uno de los más emblemáticos pues combatir la violencia de género en cualquiera de sus expresiones es una deuda social del Estado histórica. El joven agresor deberá enfrentar, si es hallado culpable, una pena de la que deberá cumplir cuando haya pasado los 60 años de edad.

De ahí la imperiosa necesidad de revisar el modelo de familia y los instrumentos de los que disponen los padres de familia para crecer a nuestros hijos.